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Recursos Naturales

El fracking se debate en Mendoza

En las últimas semanas la provincia de Mendoza se convirtió en un escenario de fuertes debates en torno al fracking. La intención del ejecutivo provincial de avanzar con la explotación de hidrocarburos no convencionales no fue bien recibida por asambleas ambientalistas, actores económicos y distintos sectores opositores. Durante los pasados meses de abril y mayo se sucedieron protestas, pedidos de leyes de restricción del fracking y se multiplicaron las controversias respecto de los impactos ambientales de la actividad.

La estimulación hidráulica o fracking busca extraer petróleo o gas natural de un pozo ubicado en una formación de roca con baja permeabilidad. Consiste en la perforación vertical y la posterior inyección a gran presión de agua (95%) mezclada con arena (4,5%) y productos químicos (0,5%). Este mecanismo produce fracturas que se extienden hacia afuera del pozo, creando una red de fracturas horizontales interconectadas que permite que el hidrocarburo fluya desde los poros en la roca hasta el pozo de producción.

La apuesta por el fracking en Argentina ha tomado impulso luego del descubrimiento en 2010 del yacimiento Vaca Muerta –segundo reservorio de mayor potencial a nivel mundial- y la sanción la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (Ley 26.741/12) que declara de interés público nacional y objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. En el caso de Mendoza, el sur de la provincia forma parte de  la Cuenca Neuquina, mientras que el norte integra la Cuenca Cuyana. De acuerdo a las informaciones oficiales, ambas formaciones poseen potencial de explotación mediante la fractura hidráulica.

La conflictividad en torno al fracking en Mendoza no es una novedad; sin embargo en los últimos tiempos tomó una dimensión inusitada. Durante el año 2013 ya se habían producido una serie de protestas y rechazos ciudadanos contra la explotación de hidrocarburos no convencionales. Así, en mayo de ese año Tupungato fue el primer municipio de la provincia en declararse libre de fracking, al cual se le unieron posteriormente Tunuyán, San Carlos y General Alvear. Luego de estas restricciones a nivel local, el conflicto entró en un estado de latencia.

Sin embargo, el rechazo a la actividad recrudeció a partir de marzo de este año cuando el ejecutivo provincial, comandado por Alfredo Cornejo (Cambiemos), publicó el Decreto 248/18 que reglamenta la evaluación ambiental para las empresas que quieran explotar fracking en Mendoza. Rápidamente, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) denunciaron que “el gobierno aprobó de modo ilegal e ilegítima una reglamentación que, lejos de proteger el agua y los ambientes mendocinos, los pone en alto riesgo y flexibiliza los requisitos en las áreas ya concesionadas”, al tiempo que la Red Ambiental OIKOS presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra del decreto (Resumen Latinoamericano, 2018).

En este contexto de conflictividad creciente se combinaron las protestas sociales y las presentaciones institucionales para restringir el avance del fracking en Mendoza. Por un lado, a finales de abril se sucedieron las mayores movilizaciones. El 24 de abril se realizó una masiva asamblea de cerca de 8 mil personas en General Alvear y otras manifestaciones significativas en Tunuyán, General Alvear, San Rafael, Uspallata, Tupungato y la ciudad de Mendoza. Por otro lado, un mes después de la gran movilización de General Alvear, desde AMPAP presentaron en la Legislatura provincial un proyecto de Ley para restringir la explotación petrolera mediante la técnica de fracking o fractura hidráulica. El texto del anteproyecto,  acompañado por más de 40.000 firmas, fue producto de un debate técnico, académico, legal, jurídico, político, ambiental y social, entre una pluralidad de actores mendocinos (No a la Mina, 2018).

Una característica transversal a este tipo de conflictos en torno a las actividades extractivas es la controversia experta y la consolidación de posiciones antagónicas respecto de los riesgos ambientales del fracking. Mientras los sectores ambientalistas denuncian la utilización de químicos y advierten sobre las posibilidades de contaminación de los recursos hídricos mendocinos, actores estatales y empresarios defienden la inocuidad de la actividad al tiempo que enfatizan la potencialidad económica y el eventual aporte que podría realizar a las finanzas provinciales.

El docente de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo Marcelo Giraud –además integrante de AMPAP- profundizó sobre el peligro de contaminación ambiental del fracking: “la utilización de una serie de químicos de distinto grado de riesgo para llegar a la fractura hidráulica (…) y los volúmenes de sustancias químicas que superan las características que se utilizan para los yacimientos convencionales”. Así, la posibilidad de filtración de estos líquidos hacia las napas de agua genera intranquilidad en distintos sectores de la población (El Sol, 2018). Por su parte, Federico Soria, técnico en conservación de la naturaleza, además de alertar sobre daños ambientales y la posibilidad de que la fractura hidráulica genere actividad sísmica, denuncia “la trampa económica del fracking, ya que su tasa de retorno energético es negativa y su ecuación monetaria no cierra; por ende, el Estado viene subsidiándolo onerosamente (…) ante esto y el cambio climático golpeándonos, el Estado debería invertir recursos financieros e incentivar líneas de investigación y formación profesional para reconvertir dicha matriz en energías limpias y libres” (Los Andes, 2018)

Contrariamente, Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, hizo un llamado a los ciudadanos y pidió: “que se informe, que vaya a las fuentes, que no se deje llevar por un sector que se opone a todo y que está vinculado con la oposición política”. Adicionalmente, sostuvo que “no se usa un cóctel de químicos, fundamentalmente se usa arena y las sustancias que se emplean son para no haya obturaciones y el petróleo fluya”. Respecto de los riesgos de filtración desde los caños de perforación hacia los acuíferos, agregó que “está totalmente aislado y asegurado para que se impida el paso de los líquidos” (El Sol, 2018).

Con una argumentación similar, Daniel Tramontana, ingeniero en petróleo de UNCuyo, afirmó: “No hay consumo de agua dulce. No hay posibilidad de contaminación de napas superficiales. Éstas están a 300 ó 400 metros como mucho y las formaciones productivas se encuentran a 3.000 ó 4.000 metros de profundidad”. Finalmente, agregó: “En Mendoza se fracturan las formaciones desde hace, al menos, 50 años. Cuando se viaja por Agrelo, Anchoris, Lunlunta, (primera zona del malbec), se observan los ‘caballitos’ o ‘burros’, simplemente equipos de bombeo mecánico. Hay muchos a la vera del río Mendoza y nunca, jamás, ha habido transferencia del crudo al lecho del río. Claro, si no tenemos petróleo propio, habrá que comprarlo al exterior, como sucede hoy” (Los Andes, 2018b).

El fracking en Mendoza se encuentra en pleno debate. La sociedad civil mendocina tiene antecedentes de organización en torno a las temáticas ambientales y una fuerte tradición de defensa del agua. Recordemos que años atrás, en 2007, en un contexto de presión social y de campaña electoral por la gobernación, la legislatura sancionó una ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio provincial. En esta ocasión, la firme apuesta del ejecutivo provincial –y nacional- por el fracking y la existencia de un sector petrolero significativo –mayormente centrado en Malargüe- complejizan los intereses en juego. De una y otra manera, la tensión entre protección ambiental y desarrollo productivo suma un nuevo capítulo en la provincia, conformando coaliciones y discursos encontrados y sin que se vislumbre una rápida salida a este conflicto.

Lucas Christel y equipo del GAP, junio de 2018.

 

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Fuentes consultadas:
El Sol (2018) https://www.elsol.com.ar/fracking-la-tecnica-que-divide-las-aguas-en-mendoza
Los Andes (2018 a) https://losandes.com.ar/article/view?slug=fracking-invertir-en-energias-limpias-y-libres-por-federico-soria
Los Andes (2018 b) https://losandes.com.ar/article/view?slug=fracking-no-hay-posibilidad-de-contaminacion-por-daniel-l-tramontana-duin
No a la Mina (2018) https://noalamina.org/temas-afines/energia/item/40334-masiva-asamblea-contra-el-fracking-en-mendoza-capital
Resumen Latinoaméricano (2018) http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/05/02/ argentina-por-que-mendoza-se-moviliza-contra-el-fracking/

La provincia de Entre Ríos sanciona una ley que prohíbe el fracking

 

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A fines de 2011, el entonces gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri (FPV), anunció el proyecto de comenzar prospecciones de hidrocarburos no convencionales en territorio provincial a través del método de fracking o fractura hidráulica. En ese entonces, Urribarri afirmó que, “si le sumamos la industria petrolera a nuestra capacidad para producir agroalimentos, Entre Ríos sí que no tiene techo en su economía y en su desarrollo humano”[1]Mientras las empresas petroleras se entusiasmaron ante el potencial negocio, este anuncio despertó resistencias sociales que denunciaron los costos ambientales del fracking y rechazaron la actividad.

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Residuos

Polémica en la Ciudad de Buenos Aires por Cambios en la Ley “Basura Cero”:

Modifican los objetivos de reducción y habilitan nuevas condiciones para termovalorizar residuos en la “Reina del Plata”

 

La ley N° 1854/2005 – más conocida como “Ley Basura Cero” -, planteó por primera vez y de forma sistemática metas y plazos de reducción y recuperación de residuos para el plano subnacional. La norma, impulsada principalmente por organizaciones ambientalistas, recuperadores urbanos y legisladores vinculados al progresismo porteño, señalaba que la Ciudad de Buenos Aires debía reducir la cantidad de residuos dispuestos en rellenos sanitarios en un 30% para el año 2010, un 50% para el año 2012 y un 75% para el año 2017 (tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2004), quedando prohibido el enterramiento de materiales tanto reciclables como aprovechables de sus residuos para el año 2020. Conjuntamente, estableció un sistema mixto de recolección de residuos ratificando que la recuperación de los materiales secos factibles de ser reciclados correspondía a los recuperadores urbanos y sus cooperativas, ya reconocidos en la Ley N° 992/2002. Además, resaltó la obligación de las autoridades porteñas de informar sobre las acciones llevadas adelante en materia de residuos así como también la conformación de una Comisión de Monitoreo de esta política pública (la “Comisión Basura Cero”).

La Implementación de la “vieja” Ley Basura Cero

En línea con los objetivos planteados por la Ley Basura Cero, los gobiernos porteños de los últimos años desarrollaron distintos programas de recolección diferenciada y separación en origen de pequeños y grandes generadores, campañas de concientización en relación a la problemática de los residuos, creación y acondicionamiento de Centros Verdes en donde trabajan los recuperadores urbanos y, a partir del año 2012, con el partido PRO al mando del ejecutivo, la Ciudad apostó fuertemente a la construcción y puesta en marcha de plantas de tratamiento final con el objetivo de procesar residuos áridos, forestales, PETs y orgánicos, y la famosa planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) ubicada en el predio Norte III de CEAMSE.

No obstante, más allá de estas innovaciones, la disposición final de residuos en la Ciudad de Buenos Aires no se redujo en los porcentajes estipulados por la ley. Si bien con la operación de plantas de tratamiento, la Ciudad pasó de enterrar en CEAMSE 2.131.078 toneladas de residuos en el año 2012 a enterrar 1.101.202,7 toneladas en 2017 – casi un 50% menos que en 2012 -, las metas y plazos de reducción de la Ley Basura Cero no fueron alcanzados. Asimismo, la operatoria del circuito de recuperación de los residuos secos es centro de numerosas críticas, ya que tanto organizaciones sociales, ambientalistas y de recuperadores urbanos, así como también numerosos legisladores, denuncian constantemente falta de inversión y presupuesto para que las cooperativas “cartoneras” puedan llevar adelante su tarea de manera apropiada. Esto, sumado a las contrataciones precarias del servicio de las cooperativas si se las compara con las contrataciones del servicio de las empresas privadas de higiene urbana, condiciona la manera en que se incluye socialmente a los recuperadores y limita fuertemente el abordaje integral de la fracción seca de los residuos que termina siendo enterrada en el relleno sanitario de Norte III en mayores proporciones que las debidas.

Sin dudas, las críticas de las organizaciones ambientalistas, sociales y de recuperadores urbanos y las metas establecidas por las normas porteñas de gestión integral de residuos ejercen presión sobre el ejecutivo porteño en materia de política de residuos y, a ello, se suma otro factor. Los rellenos sanitarios donde la Ciudad ha enterrado por años y sigue enterrando sus residuos están ubicados en territorio provincial – lo que le ha costado varios conflictos con el gobierno bonaerense cuando éste estaba en manos del peronismo – y están llegando a su capacidad límite según declaraciones de la propia empresa pública que los opera, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

Cambiando las Reglas de Juego

En esta encrucijada donde la Ciudad debe tomar medidas para reducir la cantidad de residuos que entierra en los rellenos de CEAMSE, la apuesta reciente del gobierno porteño no fue la inversión o perfeccionamiento en los dispositivos que ya están en marcha, sino un proyecto de ley para la modificación de metas y plazos de la Ley Basura Cero. Así, el proyecto oficialista sancionado como ley el día 03 de mayo de 2018 por los legisladores porteños estableció como nuevas metas la reducción en la disposición final de residuos de un 50% para el año 2021, un 65% para el año 2025 y un 80% para el año 2030 (tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2012), quedando prohibido el enterramiento de residuos reciclables o aprovechables para el año 2028. Además, las modificaciones votadas también cambiaron las condiciones para la combustión de residuos. Si bien la Ley Basura Cero sancionada en el año 2005 no prohibía la combustión de residuos como forma de tratamiento final de residuos, restringía su uso hasta tanto no se lograra efectivamente la reducción de un 75% de la disposición final de residuos de la Ciudad. Las modificaciones incorporadas en mayo al texto de la Ley Basura Cero quitan dicha restricción y posibilitan la combustión de residuos sin ningún tipo de condicionamientos vinculados a metas de reducción, habilitando directamente la implementación de tecnologías de termovalorización (recuperación de energía a través de combustión de los residuos) como las que el gobierno porteño está proyectando para la Ciudad.

Críticas a la Termovalorización

Vale aclarar que este tipo de tratamiento final de residuos promocionado desde hace unos meses por el ejecutivo porteño, la termovalorización – muchas veces confundida con la simple incineración en la que no hay recuperación energética-, es duramente cuestionada por distintos sectores ambientalistas, sociales y políticos. Las críticas ambientalistas, señaladas principalmente por actores con expertis técnica como, por ejemplo, Greenpeace o GAIA, alertan sobre los riesgos para las poblaciones cercanas a las plantas termovalorizadoras por la toxicidad de las partículas que emana de este tipo de procesos. Asimismo, diferentes organizaciones sociales, políticas y de recuperadores urbanos cuestionan que se priorice este tipo de iniciativas que tienen un alto costo económico para la Ciudad, en lugar de invertir en acondicionamiento de los centros verdes, logística de las cooperativas en función de una mayor recuperación y profundizar los programas de gestión integral que ya están en marcha en el ámbito porteño.

A pesar de las múltiples críticas al proyecto de ley impulsado por el ejecutivo local, las modificaciones a la Ley Basura Cero fueron finalmente votadas por los legisladores oficialistas y sus aliados en el marco de una sesión que puede catalogarse, al menos, de polémica. El proyecto que debió ser debatido meses atrás en el marco de la Comisión Basura Cero no se llegó a discutir por suspensión de la reunión en donde iba a ser tratado. Además, una vez en el recinto parlamentario, legisladores oficialistas incorporaron y votaron modificaciones a su propuesta haciendo caso omiso a los pedidos de legisladores opositores de más días para poder analizar las mismas antes de ser sometidas a votación.

Así, se sigue consolidando la incorporación de tecnologías y plantas de tratamiento final como la apuesta central de la política de residuos de la Ciudad, en desmedro de otras alternativas y del trabajo de las cooperativas de recuperadores. Conjuntamente con esta tendencia, se consolida un rol protagónico en esta política a un poderoso – y no tan nuevo – actor, como lo son las empresas de ingeniería ambiental que construyen y operan este tipo de tecnologías. Entre estas empresas comienza a resaltar la antigua gestora de rellenos sanitarios de la región metropolitana: CEAMSE, quien ya inauguró una de estas plantas en su complejo ambiental de Punta Lara, en el partido bonaerense de Ensenada, y contempla seguir esta línea en el resto de sus predios. Si la resistencia social a la termovalorización de residuos se profundiza también en los municipios bonaerenses donde se asientan los predios de CEAMSE, la polémica por el manejo de los residuos de la Región Metropolitana de Buenos Aires seguramente continuará siendo noticia.

 

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Buenos Aires, 2 de mayo de  2018
Declaración de Investigadores y Docentes de Universidades Nacionales
A los Diputados y Diputadas de la Legislatura Porteña
REF: Modificación del Ley 1854  (Basura Cero) EXPTE 696-J-18 Y AGREGADO 1037-D-2018:

Frente al dictamen de modificación de la Ley 1854 queremos dejar constancia de que reconocemos que la presente Ley ha sido fruto de extensos debates públicos en los años 2004/5 y que, entre otras problemáticas, respondió al Cierre del Complejo Ambiental de Villa Dominico.

Que ha sido una Ley de avanzada que significó y significa un gran desafío para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad. Que, a su vez, fue complementaria de la Ley 992 que despenalizó la actividad de recuperación de RSU y fomentó el reciclado con inclusión social, a partir de la incorporación del Recuperador Urbano en el sistema de higiene urbana.

Que la Ley 1854 planteó metas ambiciosas y, que tal como lo propone la modificación en curso, es necesaria una ampliación de los plazos.

Que su implementación fue lenta e insuficiente y que los principales hitos/logros han sido el Centro de Reciclaje de la Ciudad (especialmente la recuperación de áridos), la instalación de nuevos Centros Verdes y Puntos Verdes propiciando el reciclado con inclusión social y la contenerización de la Ciudad.

Entendemos que las acciones realizadas se deben profundizar ya que responden a una  jerarquía en el tratamiento de los residuos avalada por Organismos Internacionales y la Estrategia de Nacional  de Gestión Integral de RSU, que indica el siguiente orden de prioridad:

  • La promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual de envases descartables por retornables y la separación de los embalajes y envases para ser recolectados por separado a cuenta y cargo de las empresas que los utilizan.
  • La reducción de la generación de basura y la utilización de productos más duraderos o reutilizables.
  • La separación y el reciclaje de productos susceptibles de serlo.
  • La separación y el compostaje y/o biodigestión de residuos orgánicos.
  • La valorización energética
  • Disposición final en rellenos sanitarios

Asumimos que es deber de la política pública respetar el orden de jerarquía en las acciones a emprender en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y en los presupuestos asignados a cada tipo de tratamiento.

En materia de valorización energética es imperioso dejar en claro cuáles son las corrientes de residuos que podrán ser tratados por esta tecnología. Tasas de incineración altas son incoherentes con objetivos de reciclaje ambiciosos. Recomendamos hacer explícita la exclusión de plásticos que desde hace más de 15 años forman parte de los circuitos de recuperación y reciclado: Tereftalato  de polietileno, Policloruro de vinilo, Polietileno de alta y baja densidad, Polipropileno  y Poliestireno. Con el mismo criterio recomendamos excluir a los distintos tipos de papeles y cartones. Tanto el reciclado de los plásticos mencionados como el de papeles y cartones ofrecen un balance energéticos positivo (en relación a los ahorros energéticos frente al uso de materia prima virgen), proveen insumos al sector industrial y generan mayor mano de obra en comparación con cualquier otro método de tratamiento de los residuos. Se debe priorizar la recogida selectiva y el aumento de las tasas de reciclado, compostaje y digestión anaeróbica, y reducir los residuos que se puedan disponer en los procesos de transformación de residuos en energía.

Siguiendo la jerarquía de tratamiento de los residuos se hace evidente lo poco que avanzó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de compostaje  y/o biodigestión de residuos orgánicos. Entendemos que debe ponerse en marcha una política pública para impulsar este método. Los residuos orgánicos constituyen alrededor del 40% del total de los RSU. Recomendamos hacer explicita la promoción del compostaje y/o biodigestión de residuos orgánicos en el ámbito domiciliario, comercial e institucional.

Por otra parte, consideramos que, de incorporarse un nuevo método de tratamiento de los residuos, éste debe aplicarse en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando un principio de igualdad ambiental. No deben transferirse potenciales riesgos ambientales a otras jurisdicciones como históricamente ha sucedido en la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Consideramos que, de crearse un sistema de información pública, éste debe sistematizar información de todos los métodos de tratamiento de los residuos, debe ser un Sistema de Información Pública de la Gestión de Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. En la misma dirección, instamos a garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley 1356 de CABA en lo relativo a red de monitoreo continuo de la calidad del aire y su Decreto Reglamentario, así como asegurar el financiamiento/presupuesto previsto en la misma; instamos también a asegurar la puesta en funcionamiento del Índice de Calidad Ambiental.

Finalmente, consideramos que cualquier modificación debería ser precedida de debates públicos que garanticen la participación de diferentes actores sociales

Los siguiente Investigadores de Universidades Nacionales respaldan esta presentación:

  1. ÁLVAREZ, Raúl Néstor; Facultad de Derecho, UBA, DNI 16.739.781
  2. BARENSTEIN, Luliana, UBA, DNI 6.276.806
  3. BLANKLEJDER Alexis, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, DNI 24.687.352
  4. BONAVENTURA, Stella Maris, Departamento de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional Moreno, DNI 10.127.780
  5. CAPPUCCIO, Silvana María, Programa Urbanismo y Ciudad del Instituto de Urbanismo, Territorio y Ambiente, FADU/UBA, DNI 13.486.755
  6. CARENZO, Sebastián, Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología IESCT, UNQUI, DNI 22.655.138
  7. COUYOUPETROU, Luis Mario, ICSyA-UNAJ, DNI 14.669.016.
  8. CROJETHOVICH, Alejandro, Director del Programa de Estudio en Ambiente y Territorio, UNAJ, DNI 14.433.068
  9. D’HERS, Victoria, Investigadora Asistente CONICET-IIGG/UBA, DNI 28.165.457
  10. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, María Inés, CONICET-ICA,FFyL/UBA, DNI 22.964.100
  11. FERNÁNDEZ, José Luis, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, DNI 10.423.096
  12. FERRER, Beatriz Silvia, UNTDF, DNI 11.569.865
  13. FREDERIC, Sabina, UNQ-CONICET, DNI 17.709.168
  14. GARBULSKY, Martin, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, IFEVA-CONICET.
  15. GARCÍA BARASSI, María José, UNLa, DNI 20.426.821
  16. GIRARDIN, Leónidas Osvaldo, CONICET/Universidad Nacional de Moreno, DNI 14.563.184
  17. Diseñadora Industrial GONZÁLEZ INSUA,  Mariana; Becaria Interna Doctoral CONICET, Instituto del Hábitat y del Ambiente, Universidad Nacional de Mar del Plata, DNI 31.821.260
  18. GUTIÉRREZ, Ricardo, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín–CONICET, DNI 16.952.627
  19. KULOCK, David, Profesor Consulto, Director de la Maestría en Planificación Urbana y Regional (PROPUR).
  20. LANZETTA, Máximo, Profesor-investigador, Universidad Nacional de Lanús y Universidad Nacional Arturo Jauretche, DNI 17.316.346
  21. LLOPIS, Gustavo Daniel, Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana, UNLa, DNI 17.036.165
  22. MARCOS, Edgardo Raúl, Facultad de Ciencias Veterinarias,UBA
  23. MARTÍNEZ HERES, Javier, UNLa, DNI 13.613.305.
  24. MASTRÁNGELO, Andrea, Universidad Nacional de San Martín, DNI 20.892.096
  25. MERLINSKY, María Gabriela, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
  26. MONTERA, Carolina, UNLa/ UBA, DNI 30.211.573
  27. NUÑEZ, Mariana, Diagnóstico y Gestión Ambiental, FCH, UNICEN, DNI: 26.107.331
  28. OLIVIERO GHIETTO Silvia, CCC Historia UNDAV y UMET, DNI 12.565.282
  29. Mg. PIERINI, Verónica Inés, Facultad de Agronomía, UBA.
  30. PREIDE, Alicia, FADU/UBA, DNI 6.248.976
  31. QUIROGA, Ma. Sol, Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana, UNLa, DNI 17.321.886
  32. ROSENFELD Adriana, Universidad Nacional de Luján, DNI: 6.221.565
  33. RUGGERIO, Carlos A., Área de Ecología, ICO, UNGS, DNI 23.767.677
  34. SAMBETH, Jorge, UNLP–CONICET, DNI 14.862.959
  35. SARANDÓN, Faustina; Becaria doctoral del CONICET, IdIHCS-UNLP, DNI 32.869.476
  36. SCHAMBER, Pablo, UNLa-UNQ-UNAJ-CONICET, DNI 20.889.637
  37. Agr. Dra. SEMMARTIN, María, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires-CONICET, DNI 20.213.100
  38. Dra SHAMMAH, Cinthia, UBA, DNI 22.675.428
  39. Dr SORROCHE, Santiago, Becario Posdoctoral CONICET, Instituto de Ciencias Antropológicas, FFyL-UBA, DNI 29.906.649
  40. SUÁREZ, Francisco, Área de Ecología, UNGS y Maestría en Gestión Ambiental Metropolitana, FADU-UBA, DNI 17.331.628
  41. TOBI, Ximena, Facultad de Ciencias Sociales/UBA 18.759.038
  42. VARELA, Omar David, ICO-UNGS, DNI 12.798.693
  43. VERRASTRO, España, Secretaría de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de San Martín, DNI 30.408.751
  44. VILARDEBO, Roxana, FADU-UBA, DNI 16.921.088
  45. VILARDEBÓ, Andrea, Ciencias de la Educación, UBA, DNI 13.887.596
  46. Agr. WASSNER, Diego, Cátedra de Cultivos Industriales, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.

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