10 años del AAP: décimo aniversario y repaso de la política ambiental en Argentina

Notas temáticas:

Área de Ambiente y Política: décimo aniversario y repaso de la política ambiental en Argentina*

*Patricio Bruno Besana y Juan Martín Azerrat

“El futuro llegó hace rato” recita un reconocido verso de una canción argentina1 y un desprevenido podría interpretarlo como una referencia pesimista sobre el presente de la pandemia. En el contexto actual, no sería extraño que eso suceda, puesto que el imaginario y los discursos asociados a tragedias o colapsos globales se vieron actualizados a causa del Covid2. Entre dichos discursos, quizá los que más fuerza adquirieron son los que se vinculan con los conceptos de Crisis Climática o Ambiental3, no solo porque las causas de la pandemia fueron asociadas a procesos zoonóticos, sino también por la manifestación repetida de problemas (como inundaciones, sequías, incendios, huracanes, entre otros) vinculados al aumento de la temperatura global4.

Veinte años atrás, en el marco de la crisis nacional que se desarrolló a partir de diciembre de 2001, investigaciones vernáculas llamaron la atención sobre la emergencia en Argentina de un fenómeno que en otros países ya se denominaba como la cuestión de lo ambiental5. Durante aquellos años convulsionados, el clima de protestas y de inestabilidad política y económica fue propicio para la aparición de nuevas formas de organización y demandas. En ese contexto, suele decirse que la idea o cuestión de lo ambiental se transformó en asunto de debate público en el país6.

Diez años después (2011), en una escala mucho menor pero significativa para quienes formamos parte, nació el Grupo de Ambiente y Política (GAP), rebautizado Área de Ambiente y Política (de aquí en adelante, AAP), tras ser jerarquizado en 2019 en el organigrama de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.

Con objeto de indagar sobre las múltiples relaciones entre la política y el ambiente, el GAP nació como un seminario de lectura, discusión e investigación desarrollado por un número acotado de integrantes. Actualmente, el AAP hace participe a un número significativamente mayor de personas e incluye, junto al mencionado seminario, actividades como: desarrollo de proyectos de investigación y extensión, dictado de cursos y diplomaturas, organización y coordinación de charlas-debate, desarrollo de círculos de estudio y publicación de notas de divulgación.

A lo largo de dicho recorrido, estudiantes culminaron sus carreras de grado y de posgrado y se integraron nuevas y nuevos investigadores y profesionales del ámbito público y privado al área. También durante los diez años de vida del AAP, se estrecharon vínculos con la comunidad universitaria, el estado y la sociedad en general. Gracias a ello, en gran medida, hoy día el AAP goza de un acervo que incluye: 14 proyectos de investigación, 6 tesis de grado y 13 de posgrado culminadas por sus integrantes, 104 artículos en publicaciones científicas, 6 libros, 66 capítulos de libros y 49 notas de divulgación publicadas, 53 tesis dirigidas y defendidas, 18 cursos dictados, entre otros indicadores.

Sin embargo, los anteriores números son muy fríos para ilustrar la pertenencia que sentimos quienes integramos el AAP o los vínculos que cada uno estrechó con sus propios temas de investigación. Por tal motivo, para conmemorar los 10 años del área, nos pareció apropiado hacer un repaso de lo sucedido en Argentina con la política y los problemas que atañen al ambiente.

Vale aclarar, como es habitual en ciencias sociales, que por los mencionados problemas no entendemos a un conjunto dado de temas sino -desde una perspectiva constructivista- a una serie de definiciones que resultan “del análisis de las propuestas, enfrentamientos y acuerdos entre actores sociales y estatales involucrados en la discusión y búsqueda de soluciones para un tema concreto”7. En esa línea, relacionado a nuestro métier, las políticas ambientales “constituyen un momento especial en la construcción social de los problemas ambientales, dado que en ese momento las diferencias y controversias sobre un problema específico se canalizan” y expresan “en decisiones estatales vinculantes bajo la forma de leyes, decretos, programas u otras disposiciones institucionales”8. Aunque a menudo las políticas ambientales significan un cierre de los conflictos en torno a la definición de un problema ambiental y sus posibles soluciones, en otras ocasiones constituyen, más bien, un disparador de nuevas disputas. Ya sea uno u otro caso, en general las políticas ambientales producen efectos ecológico-distributivos9. Es decir, las políticas ambientales o su omisión acarrean costos y significan beneficios que afectan desigualmente a distintos actores en términos económicos, ecológicos, de salud pública y que, a menudo, tienen su correspondiente carga simbólica10.

Hechas dichas aclaraciones, el momento actual no podría ser más adecuado para hacer un repaso sobre los vínculos entre política y ambiente. Si a principios de los 2000 expertos, políticos y actores involucrados en conflictos territoriales construyeron al ambiente como un problema entre los temas de debate público11, hoy –más que entonces- lo ambiental parece ocupar un lugar estelar entre dichos temas. En otras palabras, actualmente el ambiente parece imponerse como un marco o encuadre general para interpretar las relaciones entre el ser humano y su entorno12, no solo para una minoría interesada, sino también para el público en general.

En vistas de ello, en la siguiente sección proponemos una revisión de la historia reciente de la relación entre política, sociedad y ambiente en el país a partir de cuatro hitos y una tesis sobre un quinto hito. A la par, desarrollamos algunos de los fundamentos de la propuesta teórica del AAP para interpretar y analizar a la construcción del ambiente como problema social y políticamente relevante. En lo que sigue, repasamos lo sucedido en las áreas que hacen a algunos de nuestros temas de especialidad, partiendo -según nuestra consideración- del primer hito: la inclusión del artículo 41 en la reforma constitucional de 1994 que obliga al estado nacional a garantizar el derecho a un ambiente sano a lo largo de todo el país. Como segundo hito, a su vez, consideramos a cierta reconfiguración o giro eco-territorial13 del ambientalismo social14, habida cuenta del protagonismo que adquirieron vecinos y organizaciones locales de base en conflictos territoriales a partir de los 2000, casi en paralelo a la sanción de la Ley general del ambiente (2002). Este hito, en gran medida, hace al mapa de actores de cada una de las áreas temáticas que describiremos más adelante. Finalmente, tercer y cuarto hito –que se desarrollan simultáneamente a algunos de los temas de política ambiental abordados- y nuestra tesis sobre el quinto –que refiere al estado actual de la situación- se relacionan con distintos saltos de lo ambiental en la consideración de la opinión pública y son retomados en la última sección de esta nota.

Cuatro hitos, una tesis y algunas consideraciones para interpretar la relación política/ambiente en Argentina.

Tal como anticipamos, aunque existen antecedentes previos, consideramos que la reforma constitucional de 199415 fue el primer hito de la historia reciente en la materia que nos toca, puesto que significó un antes y un después para la institucionalidad ambiental en Argentina. Por un lado, la inclusión del artículo 41 amplió las competencias del estado nacional al otorgarle la potestad de establecer un piso o presupuesto mínimo de protección ambiental que impide a las provincias legislar por debajo de esos límites y, con ello, pretende garantizar un mayor grado de igualdad y justicia ambiental a lo largo del territorio nacional16. Por otro lado, el artículo 124 reconoció el dominio originario de los recursos naturales a las provincias y el artículo 43 consagró “la garantía constitucional de la acción de amparo en defensa de los derechos de incidencia colectiva”, entre los cuales se encuentra el derecho al ambiente sano, y legitimó “al Defensor del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil para llevarla adelante”17. Con ello, la reforma constitucional de 1994 fue fundamental para constituir una nueva estructura institucional, no solo porque permitió –aunque más de un lustro después- la sanción de la Ley general del ambiente (2002) y la de otras leyes en distintas áreas, sino también porque distribuyó competencias entre los distintos niveles de gobierno y sirvió de fundamento a los reclamos de muchas organizaciones para hacer valer sus posturas en la discusión de nuevas políticas ambientales.

En ese marco, el giro eco-territorial de principios del nuevo milenio supuso la incorporación de vecinos y organizaciones locales de base, afectados por distintos daños ambientales, a un ambientalismo hasta entonces más vinculado a organizaciones profesionales y a tareas de protección de la biodiversidad y el patrimonio natural18. En este planteo, dicha reconfiguración del ambientalismo social, en paralelo con la mencionada sanción de la Ley general del ambiente, constituye el segundo hito de la historia que pretendemos describir. A diferencia de la mayoría de las organizaciones que los precedieron, los vecinos y las organizaciones locales de base dieron a conocer sus demandas por medio de acciones colectivas contenciosas o directas, tales como protestas en la vía pública, cortes de ruta, puebladas, entre otras19; así como participando de diversas instancias institucionales o apelando a acciones legales20, en parte gracias a lo establecido en los mencionados artículos 41 y 43 de la constitución de 199421.

Las investigaciones en Argentina, en general, indagaron más sobre la reconfiguración del ambientalismo que sobre el primer hito. Con excepción de algunos trabajos que destacaron el rol del activismo judicial, es decir, el papel que cumplieron actores del campo del derecho en el acompañamiento y dinamización de causas y demandas con un fuerte componente ambiental22, la mayoría de los trabajos contribuyeron a generar una visión errada de los conflictos ambientales como enfrentamientos entre actores estatales y del capital a favor de actividades productivas, por un lado, y actores de la sociedad civil a favor de la salvaguarda del ambiente y contra cualquier actividad que suponga un riesgo para este último, por el otro.

En cambio, las investigaciones desarrolladas en el marco del AAP llamaron a prestar más atención a las interacciones entre actores del estado y de la sociedad civil23. Resultados de la mayoría de ellas -muchas compiladas en un libro fruto de un esfuerzo colectivo24– muestran cómo actores estatales y sociales no solo confrontan, sino también colaboran, conformando coaliciones estado-sociedad a ambos lados de los conflictos ambientales. De ese modo, acorde a una tradición de años en las ciencias sociales25, dichas investigaciones conciben al estado, no como un actor monolítico que persigue o favorece la acumulación de capital como único fin, sino como un espacio conformado por diversas burocracias o actores con distintas visiones, identidades e intereses.

Situados en un contexto de capitalismo global y conformado por democracias liberales o regímenes que pretenden aparentarlo, los estados están atravesados por una contradicción inherente a una lógica de acumulación de capital -de la que extraen los recursos materiales para su subsistencia- y otra democrática -de la que obtienen su legitimidad26.  En estados federales como el nuestro, a su vez, la contradicción mencionada no solo genera tensiones intraestatales entre agencias o actores de un mismo nivel de gobierno, sino también entre distintos niveles de gobierno y/o agencias de algunos de ellos27.

En esa línea, un elemento a considerar a la hora de analizar conflictos ambientales es su multiescalaridad. Precisamente, tercer y cuarto hito de la historia que nos compete refiere a conflictos que se distinguen del resto por haber escalado rápidamente de lo local a lo nacional e internacional. El tercer hito o salto en la consideración pública de lo ambiental coincide con dos conflictos: por un lado, el proceso que resultó en la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) en 2006 y, por otro lado, el conflicto por la radicación de dos industrias productoras de pasta de celulosa sobre la costa oriental del Río Uruguay. Asimismo, el cuarto hito refiere al cierre de un conflicto por la radicación de una planta de acondicionamiento de semillas de la empresa Monsanto en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. Como veremos en la última sección de esta nota, el mayor éxito de dichos procesos para escalar a lo nacional e internacional ayudó a posicionar de mejor modo a lo ambiental como un marco para interpretar conflictos territoriales. Si bien no nos detendremos en la descripción de dichos procesos28, todos ellos ilustran cómo las líneas imaginarias entre estado y sociedad son porosas y cómo actores e instancias judiciales adquieren relevancia en la resolución de conflictos territoriales y en la construcción social y política de lo ambiental29 30.

Todo lo mencionado hasta aquí, abre un espacio para que emerja la movilización, enfrentamiento y colaboración entre organizaciones o actores sociales y elementos del estado. En ese sentido, desde la perspectiva a la que adherimos, vale aclarar que la conformación de coaliciones estado-sociedad no precisa de una identidad en común o de una gran coordinación31, como sí se supone que requieren las organizaciones que constituyen movimientos sociales u otras formas de participación32. A menudo, las primeras se bastan de líneas argumentales que dan sentido a las acciones y sitúan a los actores de un lado o del otro de los conflictos ambientales33.

En esa línea, aquí sugerimos que la cuestión de lo ambiental ha ganado preeminencia a lo largo de los últimos años, encontrándose –hoy día- en un nuevo punto de inflexión. En otras palabras, la tesis que exploramos con más detenimiento al final de esta nota sugiere que, así como la reconfiguración del ambientalismo social ayudó a posicionar de mejor modo a lo ambiental en la agenda de debate público, actualmente se está produciendo una nueva reconfiguración del ambientalismo y una mayor consideración de lo ambiental como marco predominante para interpretar las relaciones entre el hombre y su entorno. Al respecto, sugerimos que la reciente emergencia en Argentina de, al menos, dos exponentes del nuevo ecologismo34 tiene algo que ver con ello. Al respecto, mostramos cómo, a diferencia del ambientalismo que lo precede, dicho ecologismo no construye sus demandas a partir de problemas territoriales, sino mediante líneas argumentales que refieren a problemas globales o que directamente se sustraen del plano territorial/espacial. De tal modo, dichos exponentes ayudarían a autonomizar a lo ambiental de lo territorial y a acercarlo a un público más amplio. Finalmente, en esa línea, sugerimos que quienes confrontan con el nuevo ecologismo, aunque refieran a lo ambiental para restarle valor, también están haciendo un aporte a la consolidación de la cuestión como tema de debate público.

Antes, tal como anticipamos, ofrecemos un repaso de lo sucedido en distintas áreas de política ambiental. Puntualmente, dichas áreas son: educación ambiental, gestión de residuos, minería, hidrocarburos no convencionales, bosques, actividad agropecuaria, acceso a agua potable y saneamiento y transición energética y cambio climático. Dicho repaso se vale, fundamentalmente, de una serie de documentos de trabajo producidos específicamente para la elaboración de esta nota por parte de quienes integramos el AAP sobre nuestros respectivos temas de especialidad35.  Esto último, entre otras cuestiones, implica que la revisión ofrecida no incluya a todas las áreas temáticas actualmente consideradas como ambientales y que tampoco suponga un desarrollo uniforme en cada una de las mismas. Sin embargo, a cambio, dicha revisión ofrece una mirada más atenta a las formas en que diversos actores, en el marco de coaliciones estado-sociedad, interactúan e inciden en el desarrollo de cada una de las áreas de política ambiental.

Ambiente y política en Argentina: desde la reforma constitucional de 1994 a la actualidad (2021).

A lo largo de los 27 años que nos separan de la inclusión del derecho a un ambiente sano en la reforma constitucional de 1994, numerosas leyes y conflictos tuvieron lugar en el territorio nacional. Como señalamos, dicha reforma abrió un espacio, tanto para la sanción de las primeras, como para la emergencia de los segundos, al discriminar entre competencias, derechos y obligaciones otorgados a los distintos niveles de gobierno, por un lado, y a los actores de la sociedad civil, por el otro36

Más de un lustro después (2002), la Ley general del ambiente (Nº 25675) estableció un marco regulatorio integral del que no debería apartarse ninguna norma, cualquiera sea el nivel de gobierno al que pertenezca37. Dicha ley incluyó una serie de principios (desarrollados en la tabla número 1), con objeto de garantizar un piso o presupuesto mínimo de protección para el conjunto de los temas considerados ambientales.

Tabla 1. Principios de la Ley General del Ambiente

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Fuente: elaboración propia a partir de Gabay (2018, 75)

Desde entonces, en base a dichos principios, se sancionaron gran cantidad de leyes nacionales y provinciales, y ordenanzas municipales, a las que se suman otras sancionadas con antelación a 2002. La tabla número 2 sintetiza parte de esa información, referida únicamente a las áreas aquí repasadas.

Tabla 2. Normas nacionales, provinciales y locales referidas al ambiente

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En ese marco, educación ambiental es una de las áreas en las que se produjeron cambios en el período que va de la reforma constitucional (1994) hasta la sanción de la Ley general del ambiente (2002), entre ellos: la introducción de contenidos referidos a “problemas ambientales” en los programas escolares y la elaboración de un extenso documento denominado Estrategia nacional de educación ambiental (ENEA)38. Ambos cambios recogieron la influencia del ámbito internacional y poco o nada del ambientalismo local y de base emergido con fuerza años después. De modo similar, la reciente Ley de presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina (2019) y la Ley Yolanda (2020)39, entre otras con incidencia en el área (ver tabla 2), fueron sancionadas con el apoyo de actores del estado y de la sociedad civil y casi sin conflictos40.

De modo similar, la redacción y sanción de la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios (2004) se desarrolló sin grandes conflictos41, al tiempo que recogió, por un lado, las demandas de inclusión laboral formal por parte de recuperadores urbanos y, por otro lado, los reclamos de vecinos y organizaciones de base contra el modelo de enterramiento masivo de residuos en rellenos sanitarios y de disposición final en basurales a cielo abierto en distintas localidades del país42. Pese a que las necesidades de ambos tipos de actores difieren, en general sus demandas coinciden en identificar al enfoque de la Gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) como parte de la solución. A grandes rasgos, dicho enfoque persigue la reducción de los residuos finalmente dispuestos o, por el contrario, la recuperación de la mayor parte de ellos, apelando a distintas estrategias según las necesidades y recursos de cada distrito. Precisamente, tanto la ley mencionada como la Estrategia nacional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (2005) buscan hacer efectivo el mencionado enfoque43. En esa línea, varios gobiernos provinciales y municipales sancionaron normas afines, siendo los últimos los encargados de gestionar los residuos. No obstante, el pasaje a un modelo GIRSU debió afrontar inconvenientes de distinta índole, presentando un panorama marcado por la heterogeneidad y, salvo contadas excepciones44, la distancia respecto de los objetivos perseguidos por ley.

Contrariamente a las anteriores, la sanción de leyes en áreas relacionadas a bienes o recursos exportables y a actividades extractivas suelen ser sumamente conflictivas. En ese marco, la minería metalífera en Argentina sufrió un notorio incremento promovido por una legislación nacional estable y previsible sancionada durante los 1990 y un pronunciado aumento de los precios y la demanda a comienzos del siglo XXI. Más recientemente, la minería de litio cobró notoriedad en el debate público dado el potencial de explotación que posee Argentina y la posibilidad que significa la fabricación de baterías de litio en la transición hacia un modelo energético más limpio. Pese a lo que pueda pensarse, la apuesta a energías más limpias no fue en desmedro de la promoción a la explotación de hidrocarburos, incluso mediante la técnica del fracking o fractura hidráulica, por parte de actores estatales nacionales y provinciales45.

Promovidas por distintos actores sociales y estatales, dichos actividades enfrentaron la oposición de coaliciones que señalan los impactos o riesgos que conllevan para el entorno, la cultura, los medios de subsistencia y la salud de las poblaciones que habitan en localidades y provincias del país. De ese modo, en minería metalífera, el panorama nacional se compone de provincias donde la actividad se instaló como política de estado -tales como Catamarca, San Juan y Santa Cruz- y otras donde intensos periodos de protesta impidieron que se avanzara con la actividad y/o se sancionaran normas prohibitivas de la explotación o del uso de sustancias químicas –tales como Chubut, Mendoza y Córdoba. Asimismo, la explotación de mineral de litio desató conflictos en territorios salteños, jujeños y catamarqueños, soportando críticas de parte de actores locales y de mayor escala. De modo similar, la tecnología del fracking afrontó un notorio incremento de protestas, a causa del aumento de temblores, la contaminación de napas subterráneas por mala disposición de aguas residuales, la ocurrencia de derrames e incendios frecuentes, entre otros efectos ecológicos asociados a la actividad46.

En ese sentido, mientras estas y otras actividades extractivas suelen contar con incentivos a la inversión y el apoyo de ejecutivos nacionales y provinciales -estos últimos amparándose en el dominio originario sobre los recursos naturales que la constitución de 1994 reconoce a los estados que encabezan (art. 121)-, las coaliciones que se les oponen difieren según la provincia y el área de política ambiental. Por ejemplo, comunidades de pueblos originarios, a menudo apoyadas por actores estatales y otras organizaciones de la sociedad civil, se destacan por su oposición a la extracción de litio. En general, las primeras no sólo construyen sus demandas en términos ambientales, también reclaman que se respeten sus derechos ancestrales a conservar sus formas tradicionales de vida y a decidir sobre los territorios que habitan47. Por su parte, actores relacionados a las economías regionales, como el sector vitivinícola en Mendoza y productores agrícolas del Alto Valle de Río Negro, se destacan junto a organizaciones y asambleas vecinales en los reclamos frente a la minería metalífera y el fracking.

Junto a los mencionados actores sociales, actores estatales también cumplen un rol destacado, sobre todo en los debates parlamentarios en torno a la sanción de normas que restringen o prohíben las actividades señaladas a nivel provincial y en la promoción de ordenanzas prohibitivas por parte de gobiernos locales. En ese sentido, a los casos de Chubut, Mendoza y Córdoba respecto de la minería de metales, se agrega la sanción de normas que restringen el fracking en Entre Ríos y Santa Fe- dos provincias sin actividad hidrocarburífera- y en más de setenta localidades de otros puntos del país.

Si bien el debate sobre esas y otras actividades extractivas suele desarrollarse a escala local y provincial, en numerosas ocasiones las disputas se trasladan al ámbito nacional. Muestra de ello es la sanción de la Ley de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglaciar (2010) que pone un límite al avance de proyectos mineros sobre dichos ecosistemas. Durante el primer mandato de Cristina Fernández, su sanción no solo generó fracturas dentro de la fuerza de gobierno, también requirió de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que, tras nueve años, se pronunció a favor de la aplicación y constitucionalidad de la ley48. Actualmente, el avance de un Inventario nacional de glaciares requerido por ley y elaborado por actores sociales, expertos y funcionarios de distintas áreas y niveles de gobierno –nuevamente- depende, entre otras aristas, de quienes conforman coaliciones a favor y en contra.

De modo similar, la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (2007), orientada a atenuar los desmontes frente al avance del modelo agroindustrial, sufrió numerosas dificultades a la hora de su implementación. La misma obligó a cada provincia a sancionar una ley provincial u Ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), según tres categorías que indican las actividades permitidas y prohibidas para cada zona49. Si bien todas las provincias aprobaron sus leyes entre 2008 y 2016, cada una aplicó discrecionalmente las categorías antes mencionadas y los criterios que las definen. En ese sentido, la mencionada ley nacional y los OTBN, más que resultar en un cierre institucional de la conflictividad social, se convirtieron en disparadores de nuevos conflictos. Fruto de una notable de diversidad de actores provinciales y locales a favor y en contra de la ley y de la protección de los bosques nativos, el panorama nacional se compone de dos provincias que aplicaron la totalidad de los criterios estipulados por la ley nacional (Corrientes y Mendoza), de cuatro que –pese a lo mencionado- asignaron una mayor cantidad de territorios a la categoría de conservación estricta (Córdoba, Buenos Aires, Tierra del Fuego y Tucumán) y de tres que destinaron un porcentaje casi nulo a dicha categoría (Chaco, La Pampa, San Juan), entre otras situaciones50.

Junto al avance sobre los bosques nativos, otro problema asociado al actual modelo agroindustrial refiere al uso de agroquímicos y sus efectos sobre la salud. De principios de los 2000 en adelante, esto provocó protestas en territorios con tradición agropecuaria –en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe- así como en territorios previamente considerados improductivos –como Santiago del Estero, Chaco y Formosa, entre otras provincias. Así como algunas demandas contra el fracking, los reclamos frente al uso de agroquímicos, además de las calles, tomaron la vía judicial -con innumerable cantidad de recursos de amparo contra las fumigaciones- y/o la vía legislativa -con la sanción de normas provinciales en La Pampa (ley 3288/2020), Santiago del Estero (6312/2017) y Chaco (2026/2012) y con numerosas regulaciones municipales. Por su parte, los actores que pujan por una mayor regulación del sector lograron una significativa victoria con la sanción de la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios (2016) que, como su nombre lo indica, busca regular la gestión y el destino de dichos envases en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron51.

Paralelamente, el cuestionamiento al modelo agroindustrial vigente también se manifiesta en un crecimiento incipiente pero acelerado de productores que se vuelcan a alternativas agroecológicas. De ese modo, un conjunto diverso de actores e instituciones -que incluye expertos, universidades, chacareros e, incluso, un Red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología (RENAMA)- abogan por dichas alternativas. Entre otras cuestiones, dichos actores lograron recientemente la creación de la primera Dirección Nacional de Agroecología del país52.

Una excepción respecto de las áreas repasadas aquí, son los servicios de agua potable y saneamiento, puesto que sólo a partir del mayor reconocimiento del derecho humano al agua en el plano internacional53, algunos actores comienzan a considerarlos desde una perspectiva ambiental. Esto no significa que problemas asociados a la relación entorno/ser humano no hayan sido motivo de preocupación del sector sino que fueron interpretados desde otras miradas, afines a la química e higiene pública, en primer lugar, y a la ingeniería sanitaria e higiene social, en segundo lugar54. Asimismo, las últimas miradas fueron dominantes durante el período de auge del sector, que coincidió con la gestión de Obras sanitarias de la nación (OSN) en gran parte del territorio nacional, e influyeron –hasta el día de hoy- en el tipo de capacidades estatales construidas.

De 1980 en adelante, con excepción de la Región Metropolitana de Buenos Aires, la responsabilidad por los servicios fue transferida a las provincias y, por delegación de algunas de ellas, a los municipios que las integran. En esa misma línea, la legislación se compone de marcos regulatorios sectoriales provinciales o municipales, con la sola excepción del Código alimentario argentino (Ley 18284/69), norma nacional que regula la calidad del agua apta para consumo humano, entre otros alimentos y bebidas.

Así como sucede en el área de residuos, frente a un panorama que presenta diferencias territoriales significativas en materia de cobertura, calidad y eficiencia de los servicios, el estado nacional fomenta un abordaje integral a partir del Plan federal de agua y saneamiento. No obstante, hasta el momento dichos esfuerzos no bastan para atender a los sectores y áreas más afectadas. Por un lado, aproximadamente 6.6 millones de personas que residen en barrios populares de áreas urbanas y periurbanas o en zonas rurales dispersas del país se encuentran entre los más damnificados por la falta de cobertura formal55. Por otro lado, quienes residen en localidades del interior de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Tucumán y La Pampa se encuentren entre quienes más sufren por altos niveles de arsénico u otros contaminantes presentes en el agua de consumo56. Mientras los primeros apelan a estrategias individuales y colectivas con el fin de sustituir servicios formales de agua y saneamiento por soluciones que -en general- son mucho más precarias57, los últimos tienden a orientar sus demandas por vías judiciales58.

Muy distintas a la anterior, son las áreas de cambio climático y transición hacia energías más limpias, en tanto se las considera como temas eminentemente ambientales. En Argentina, así como en otras partes del mundo, informes globales recientes influyeron en su construcción como problemas ambientales social y políticamente relevantes59. Centrados en el cambio climático y en la pérdida de biodiversidad, dichos informes llamaron la atención de la opinión pública y, en particular, de muchos jóvenes que hicieron de su juventud y, en menor medida, de su afinidad con animales un motivo para congregarse en redes de organizaciones con presencia en varios puntos del planeta60. En Argentina, esas y otras organizaciones apoyaron iniciativas de actores estatales y, mediante una conjunción de distintas estrategias contribuyeron en la sanción de la Ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global (2019) y en la ratificación nacional del Acuerdo de Escazú (2019), también inspirado en la agenda global o regional.

Recientemente, esas organizaciones –entre otros sectores del ambientalismo- fueron objeto de críticas por oponerse a proyectos que aspiran a generar divisas internacionales –tal como la instalación de grandes factorías de carne porcina- o por apoyar causas como la sanción de una ley de presupuestos mínimos de protección a los humedales. Tal como veremos a continuación, nuestra tesis indica que dichas organizaciones, así como quienes las critican, han revitalizado la discusión sobre el ambiente, dotándolo de mayor visibilidad.

Repaso y estado actual de la situación

El final de esta nota nos encuentra, en apariencia, transitando los últimos tramos de la pandemia que nos recluyó por casi dos años. De ser así, tal vez, pronto podamos celebrar el decimo aniversario del APP como esperamos. Por el momento, para conmemorarlo, decidimos hacer un repaso de los temas que -desde hace diez años- nos convocan.

En esa línea, ofrecimos una revisión de lo sucedido en distintas áreas de política ambiental desde 1994 en adelante. Partimos de dicha fecha, en la que se incluyó el artículo 41 en la reforma constitucional, por considerarla como un hito que inicia una nueva etapa institucional de lo ambiental en Argentina. Más de un lustro después, la aprobación de la Ley general del ambiente (2002) abrió un ciclo que fue profuso en sanciones de leyes ambientales nacionales. Considerando las mencionadas en la sección previa, del 2002 en adelante, la cantidad total de leyes ambientales nacionales asciende a 5661.

A su vez, a la sanción de leyes nacionales, se agrega la disparidad con que se implementan algunas de las mismas en territorios provinciales y la gran profusión de normas ambientales a nivel municipal y provincial. Las áreas de bosques, agroquímicos y minería fueron algunos de los ejemplos citados en la sección anterior.

En ese marco, tanto la disparidad territorial en la implementación de normas nacionales, como la proliferación de legislación a nivel local y provincial se vinculan con el segundo hito aquí mencionado: el pasaje de un ambientalismo profesional, más vinculado a la protección de la biodiversidad y el patrimonio natural, a un ambientalismo social, protagonizado por actores locales y organizaciones de base que expresan sus demandan -primeramente a gobiernos municipales y luego provinciales- en el marco de conflictos territoriales. Dicho giro ecoterritorial del ambientalismo social y su influencia en la política ambiental también se puede observar en los temas sobre los que se legisló desde entonces. Antes de la Ley general del ambiente (2002), biodiversidad es el único tema que reunió ocho leyes nacionales de protección al ambiente. Luego, biodiversidad repite en cantidad de leyes, pero representa tan solo un 4% de las 56 leyes ambientales mencionadas con antelación62.

Desde inicios del 2000, la apelación a protestas en la vía pública como una de las principales estrategias por parte de actores sociales, otorgó mayor visibilidad a sus demandas. Aquí se mencionaron numerosos ejemplos, que van desde el incremento de las movilizaciones contra el fracking durante los últimos diez años hasta los reclamos de recuperadores urbanos para ser formalmente incorporados a la gestión de residuos.

Paralelamente, la sección anterior también mostró cómo, para alcanzar sus objetivos e incidir en las decisiones estatales, los actores movilizados precisaron de la contribución decisiva de actores provenientes de la propia esfera del estado, ya sean legisladores, ejecutivos o actores relacionados al campo del derecho. Cualesquiera que fueran los casos, la participación de actores estatales en conflictos territoriales da cuenta de la conformación de coaliciones estado-sociedad a favor de la protección del ambiente y opuestas a coaliciones de iguales características, pero que apoyan actividades que van en detrimento del anterior.

Además de brindar una comprensión más acabada de dichos conflictos, a nuestro juicio, un enfoque que pone el acento en la conformación de coaliciones estado-sociedad permite hallar explicaciones para el incremento de lo ambiental en la consideración de la opinión pública. En regímenes democráticos como el nuestro, ya sea en la arena legislativa o en el campo del derecho y la jurisprudencia -e incluso en la esfera de lo mediático-, los conflictos suelen dirimirse y canalizarse por medio de la palabra y el debate entre ideas, conceptos o argumentos. Por tal motivo, nuestra comprensión de los conflictos y de las coaliciones estado-sociedad que participan de ellos parte de líneas argumentales que construyen visiones o acuerdos mínimos sobre el ambiente, dan sentido a las acciones y sitúan a los actores de un lado o del otro de la disputa63. Esto puede observarse en la perspectiva ambiental (o en la falta de ella64) que fueron incorporando demandas o líneas argumentales originalmente relacionadas a otros temas, tales como inclusión laboral formal y respeto a derechos ancestrales por parte de recuperadores urbanos y comunidades de pueblos originarios frente a la extracción de litio, respectivamente.  En ese contexto, la apelación a palabras como medio ambiente o ambiente para referirse a los conflictos señalados implica un primer acuerdo o visión mínima sobre la cuestión y, por ende, un marco o encuadre compartido para interpretar dichos conflictos, sus causas y posibles soluciones.

Hasta el momento, muchas veces se afirmó que la emergencia o consolidación de la cuestión de lo ambiental en Argentina se dio cerca del inicio del nuevo milenio, pero son pocos los acuerdos sobre qué significa que una cuestión sea de dominio público y menos aún los indicadores que se aportaron para dar cuenta de ello. Hoy día, además de la profusión de normas sancionadas, también se pueden observar otros elementos, por ejemplo la adhesión de un sector de la sociedad civil a demandas o temas relacionados con el ambiente. Actualmente, la cantidad de campañas y firmas que recogen dicho tipo de demandas en la plataforma change.org nos brindan una estimación al respecto (ver gráfico 1).

Gráfico 1.

Fuente: elaboración propia en base a datos de https://www.change.org/?lang=es-AR

El gráfico 1 muestra las áreas temáticas con mayor cantidad de peticiones (derecha), así como las peticiones con más firmas o adhesiones de la página (izquierda) hasta el 29 de septiembre del presente año, correspondan o no a las primeras. Como puede observarse, en ambos segmentos del gráfico, la única área que repite es medio ambiente. Por su parte, animales y maltrato animal también repiten y, como veremos más adelante, contribuyen a la cuestión de lo ambiental mediante nuevas líneas argumentales. 

Adicionalmente, para dar cuenta del incremento del ambiente en la consideración de la opinión pública, puede tomarse la frecuencia con que palabras referidas al ambiente ganan preeminencia en la cobertura de medios nacionales. El siguiente gráfico ilustra dicha cuestión.

Gráfico 2.

Fuente: elaboración propia en base a datos de diario La Nación.

En él, se observa la frecuencia anual con que se repiten las etiquetas medio ambiente, ambiente, ambientalismo y ambientalistas, desde el 1 de enero de 1994 hasta el 29 de septiembre del presente año (2021) en noticias del diario La Nación65. Aunque las magnitudes en la frecuencia de cada etiqueta varían, sus trayectorias dibujan siluetas similares, mostrando incrementos que –en cierta medida- se solapan con los hitos mencionados, recordemos: 1) inclusión del derecho a un ambiente sano (art. 41), entre otras enmiendas, en la reforma constitucional de 1994; 2) giro ecoterritorial del ambientalismo social y sanción de la Ley general del ambiente (2002); 3) nacionalización y/o internacionalización de los conflictos por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, por la radicación de dos industrias de pasta de celulosa sobre la costa oriental del Río Uruguay y 4) por la instalación  de una planta de acondicionamiento de semillas en Malvinas Argentinas (Córdoba); y 5) nueva reconfiguración del ambientalismo social.

Habiendo desarrollado los primeros dos hitos en distintos apartados de esta nota, aquí nos parece apropiado recordar cómo los conflictos que conforman el tercer y cuarto hito no se distinguen de otros similares por la participación de actores estatales en ellos o por la apelación a instancias judiciales, sino por escalar al plano nacional e internacional con mayor éxito. En esa línea, si bien algunas de las movilizaciones que componen dichos hitos no alcanzaron sus objetivos de máxima, a juzgar por los datos presentados en el gráfico 2, sí lograron incrementar la exposición y visibilidad pública de lo ambiental. Esto último, nos permite conjeturar que, desde la ocurrencia de los conflictos que componen tercer y cuarto hito, otros similares son más propensos a ser interpretados o encuadrados desde una perspectiva ambiental por parte de un público más amplio.

Asimismo, por motivos similares a los anteriores, nuestra tesis sugiere que nos encontramos transitando un quinto hito en la construcción del ambiente como problema social y políticamente relevante y que se desarrolla a la par de una nueva reconfiguración del ambientalismo social .Por quinta ocasión, un incremento ininterrumpido en la frecuencia con que el ambiente es materia de debate parece avalar dicha tesis (ver gráfico 2). A la par, dos tipos de actores u organizaciones de reciente presencia en Argentina reconfiguraron algunos aspectos del ambientalismo asociado a organizaciones de base o locales, a partir de líneas argumentales que construyen problemas globales o que se sustraen de las particularidades territoriales. Uno de esos actores refiere a la emergencia de organizaciones por la acción climática en Argentina, el otro a la creciente visibilidad del movimiento animalista o a favor de la liberación animal.

A la saga de la aparición pública de Greta Thunberg a nivel internacional, el primero de ellos se presentó con fuerza en la escena pública el 27 de septiembre de 2019. Por entonces, agrupaciones por la acción climática organizaron manifestaciones en distintos puntos del país en adhesión a la Huelga global por el clima66. Dicha huelga contó con manifestaciones a su favor en 350 países y juntó alrededor de 8 millones de adherentes. Por su parte, en Argentina, reunió cerca de 10 mil personas frente a la sede del Congreso Nacional y una cantidad similar en otros puntos del país. Como correlato de dicha jornada, la mencionada Ley de presupuestos mínimos, para la adaptación y mitigación para el cambio climático obtuvo la media sanción que le restaba y que le había sido negada a dos pre-proyectos presentados por el entonces senador Fernando “Pino” Solanas67.

A diferencia de sus pares por la acción climática, el segundo actor al que nos referimos no alcanzó a influir en la sanción de leyes nacionales, pero sí lo hizo a nivel local, obteniendo–entre otros logros- el cierre del zoológico de Palermo. Para alcanzar sus fines, de igual manera que sus pares por la acción climática y que el ambientalismo que los precede, las organizaciones animalistas entablaron vínculos con actores estatales y desarrollaron acciones en la vía pública68.En otras partes del mundo, tanto las organizaciones animalistas como por la acción climática, suelen ser considerados como dos exponentes de un nuevo ecologismo69.

Aunque el apelativo de “nuevo” suele ser problemático, aquí vale la pena preguntarse qué distingue a dichos exponentes de expresiones previas del ambientalismo, particularmente, en Argentina. Como respuesta, pueden enumerarse una serie de características. En primer lugar, la mencionada construcción de problemas ambientales globales o que se sustraen del plano territorial y que, a la par, coinciden con demandas más de tipo sectoriales. En otras palabras, los problemas construidos son una amenaza global, pero afectan principalmente a ciertos sujetos con los que se identifican70 las nuevas organizaciones. Al respecto, son significativas las palabras que dichos exponentes eligen para referirse a sí mismos, relacionadas con la juventud de sus miembros –Jóvenes por el clima– y a las generaciones futuras –Friday For Future-, por un lado, y a la empatía con los animales –Liberación Animal, NoZoo-, por el otro.

En segundo lugar, aunque relacionado con lo anterior, mientras el ambientalismo local se presenta como una expresión directa de la voluntad de los afectados -a punto tal de elegir como denominación para los colectivos en lucha palabras que refieren a un nosotros territorial-, las nuevas organizaciones asumen la representación de sectores que no pueden manifestar sus intereses en el espacio público -las niñas y niños y las generaciones por nacer, por un lado, y los animales, por el otro.

Una tercera coincidencia radica en los esfuerzos que ambos tipos de organizaciones hacen en lograr un cambio cultural o en el plano del conocimiento. Mientras las organizaciones por la acción climática apelan constantemente a la autoridad de la ciencia –con expresiones del estilo, la ciencia o los científicos han hablado71-, las organizaciones animalistas fundamentan sus posturas en la ética y filosofía vegana72. En esa línea, es notoria la dedicación que demuestran las últimas a la hora de develar la discriminación y explotación sistémica del ser humano sobre otros seres vivos73 y crear un lenguaje que reemplace palabras tales como zoológico y hombre/animales, por otras como cárcel y animales humanos/animales no-humanos.

En cuarto lugar, ambos tipos de organizaciones tienden a radicalizar ciertos aspectos de la crítica ambientalista a los fundamentos de la modernidad y el orden dominante. Si la noción de ambiente (per sé) supone una crítica a la idea de progreso indefinido y a la dicotomía entre hombre y naturaleza, las demandas construidas por el nuevo ecologismo dotan de iguales o similares derechos a sujetos y colectivos como las generaciones por nacer y los animales y, por ende, plantean nuevas obligaciones a las generaciones presentes. Sobre esa base, ambos tipos de organizaciones reactualizan narrativas apocalípticas, apelando a etiquetas como crisis climática, ecológica o civilizatoria, para reclamar cambios profundos. El siguiente fragmento, tomado de la página web de la organización Voicot, ilustra lo mencionado:

“En el medio de una crisis climática y ecológica se planea en Argentina la construcción de mega granjas de cerdos para alimentar a la población china. El tema es complejo, aunque no tanto como para entender los intereses que hay detrás, para eso es bien simple, es complejo para comprender cómo es posible que esta humanidad no pare de generar tanta miseria, esa que nos trajo justamente a la actual crisis civilizatoria que estamos atravesando; eso sí que no se puede entender. Agarremos la pala y empecemos a cavar nuestras tumbas y las de nuestros hijos, porque eso es justamente lo que el gobierno y las empresas privadas quieren firmar, nuestra sentencia de muerte” (Voicot, disponible en:https://www.voicot.com/cerdos-china)

Dicho fragmento, no sólo expresa líneas argumentales que contribuyen a la conformación de una misma coalición discursiva contra la instalación en Argentina de grandes establecimientos de cría industrial de porcinos para China. También ilustra el uso performativo que dichas organizaciones hacen del lenguaje y la comunicación en la vía pública y en el plano online.

Precisamente, el uso intensivo de redes y plataformas virtuales puede ser considerado como una quinta característica en común. Este puede observarse, por ejemplo, en las funciones que cumple la elaboración de hashtags (tales como, #liberaciónanimal, #antiespecista, #acciónclimática, #crisisclimática, entre otros) en la red social Twitter. A partir de la elaboración de hashtags, dichas organizaciones no solo construyen lenguajes comunes o visiones mínimas sobre conflictos ambientales, también visibilizan demandas frente a terceros y publicitan acciones offline o territoriales, entre otras cuestiones. Dicho uso estratégico del lenguaje, a su vez, ayuda a entender cómo las mencionadas organizaciones construyen sus demandas en términos globales y sectoriales, más que territoriales, así como el modo en que entablan relaciones con personajes y organizaciones internacionales.

Finalmente, así como en las áreas de política ambiental vistas en la sección anterior pueden identificarse coaliciones a favor y en contra de la protección del ambiente, esta nueva reconfiguración del ambientalismo viene aparejada de una serie de líneas argumentales y discursos de actores estatales y sociales que se lo oponen74. A diferencia de lo que sucede en otros países, dichas expresiones no parecen ser –mayoritariamente- parte de un discurso que niega el cambio climático, tampoco aparentan ser patrimonio exclusivo de sectores derecha75. Por el contrario, en Argentina, dichas expresiones suelen restar valor a la protección del ambiente frente a las necesidades de inversiones, divisas o generación de empleo genuino y, por ende, tienden a ser parte de un discurso o de un conjunto de actores considerados como progresistas76.

Lo paradójica de dicha postura es que, en tanto apelan a la noción de ambiente para disminuir la relevancia del tema y para difundir su mensaje por distintos medios, no hacen más que contribuir a la consolidación del ambiente como marco o encuadre general para entender las relaciones que el ser humano entabla con su entorno.

En suma, de confirmarse esto último, podríamos estar hablando de una victoria del ambientalismo argentino, al menos en el plano cultural. Sin embargo, considerando que los efectos ecológicos de las políticas ambientales o de su omisión no dejan de repetirse, la mencionada bien podría ser una victoria pírrica. El tiempo dirá frente a cuál de las dos opciones estamos o, más bien, siendo coherentes con nuestra propia postura teórica, las coaliciones entre actores sociales y estatales serán quienes tengan la última palabra.


Notas al pie:

[1] La canción en cuestión es “Todo un palo” de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota publicada en el disco “Un Baión para el Ojo Idiota” de 1987.

[2]Gligo et al., La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe; Svampa y Viale, EL COLAPSO ECOLOGICO YA LLEGO.

[3]Paredes y Kaulard, «Fighting the Climate Crisis in Persistently Unequal Land Regimes: Natural Protected Areas in the Peruvian Amazon»; Sachs, «Sustainable Development and the Crisis of Nature: On the Political Anatomy of an Oxymoron».

[4]Brondizio et al., «IPBES. Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.»

[5]Alonso y Costa, «Por uma Sociologia dos conflitos ambientais no Brasil».

[6]Gutiérrez e Isuani, «La emergencia del ambientalismo estatal y social en Argentina».

[7]Gutiérrez, «Introducción. Ambiente, estado y sociedad: estudiando las políticas ambientales en Argentina», pp. 14-15.

[8]Gutiérrez, pp. 16.

[9]Gutiérrez; Martínez-Alier, «Social Metabolism, Ecological Distribution Conflicts, and Languages of Valuation».

[10]Alimonda, «En clave de sur: la Ecología Política Latinoamericana y elpensamientocrítico»; Escobar, «Depois da Natureza – Passos para umaEcologia Política antiessencialista».

[11]Alimonda, «Introducción»; Merlinsky, Cartografías del conflicto ambiental en Argentina; Reboratti, «Ambientalismo y conflicto ambiental en el Río Uruguay».

[12] El concepto de ambiente incluye al hombre en un entorno que comparte con otros seres vivos. Esto supone un desplazamiento simbólico de la noción de naturaleza, relativo al lugar que esta última otorga al ser humano. A diferencia del ambiente, la naturaleza refiere a un universo de menor jerarquía y separado de la cultura o del universo del hombre. En el pensamiento moderno, dicha separación es uno de los principales fundamentos que justifican la explotación de la naturaleza por parte del hombre. Para más información, ver:  Castro, «Naturaleza y ambiente. Significados en contexto.»; Descola, «Más allá de la naturaleza y la cultura».

[13]Svampa, «Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina».

[14] Aquí tomamos la distinción entre ambientalismo social y estatal que proponen Gutiérrez e Isuani, «La emergencia del ambientalismo estatal y social en Argentina», para referirnos a actores de la sociedad civil y de la esfera del estado que, en distintas áreas, pugnan por una mayor protección del ambiente.

[15] Para más información ver Gutiérrez, «Introducción. Ambiente, estado y sociedad: estudiando las políticas ambientales en Argentina»..

[16]Gabay, «Apuntes sobre el sistema normativo ambiental argentino».

[17]Gabay, pp. 73.

[18]Gutiérrez y Isuani, «La emergencia del ambientalismo estatal y social en Argentina»; Svampa, «Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina».

[19]Alimonda, «En clave de sur: la Ecología Política Latinoamericana y el pensamiento crítico»; Calderón, Movimientos socioculturales en América Latina: ambientalismo, feminismo, pueblos originarios y poder empresarial; Svampa y Antonelli, «Introducción: hacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto».

[20]Christel y Gutiérrez, «Making Rights Come Alive: Environmental Rights and Modes of Participation in Argentina».

[21] Respecto del giro ecoterritorial del ambientalismo social, existe cierto consenso en que un conflicto contra un proyecto de minería metalífera que se desarrolló en Esquel, Chubut, se constituyo en un caso paradigmático y de referencia para otras movilizaciones ambientales protagonizadas por vecinos y  organizaciones de base o locales. Para más información ver: Svampa, Solá Álvarez, y Bottaro, «Los movimientos contra la minería metalífera a cielo abierto: escenarios y conflictos: entre el “efecto Esquel” y el “efecto La Alumbrera”»; Marín, «El “no a la mina” de Esquel como acontecimiento: otro mundo posible»; Merlinsky, Cartografías del conflicto ambiental en Argentina; Gutiérrez y Isuani, «La emergencia del ambientalismo estatal y social en Argentina».

[22]Alonso et al., El gobierno municipal frente al desafío de la articulación: políticas sociales y ambientales en el Conurbano Bonaerense; Delamata, «Actualizando el derecho al ambiente: movilización social, activismo legal y derecho constitucional al ambiente de “sustentabilidad fuerte” en el sector extractivista megaminero»; Ryan, «Democratic Governance and the Courts: The Political Sources of the Judicialization of Public Policy in Argentina».

[23]Besana, «Participación en asentamientos del Gran Buenos Aires (1989-2015)»; Christel, «Resistencias sociales y legislaciones mineras en las provincias argentinas: los casos de Mendoza, Córdoba, Catamarca y San Juan (2003-2009)»; Figueroa, «¿Estándares federales alterados? Análisis comparativo de la implementación de la Ley de Bosques en  las provincias argentinas (2007-2015)»; Montera, «De la transparencia a la integralidad: la construcción de la agenda de gestión de residuos en el municipio de Morón (1999-2015)»; Moreno, «Cambiando el rumbo: Organizaciones de base contra rellenos sanitarios y sus efectos en las políticas de residuos RMBA (2000 – 2019)»; Saidón, Explicar la innovación en políticas públicas: la gestión integral de residuos urbanos en municipios argentinos.

[24]Gutiérrez, Construir el ambiente: sociedad, estado y políticas ambientales en Argentina.

[25]Evans, State-Society Synergy: Government and Social Capital in Development; Migdal, State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another; Pizzorno, «Sobre la racionalidad de la opción de la democracia»; Weber, Obras Selectas.

[26]Offe, Contradicciones en el estado del bienestar.

[27]Gutiérrez, «Introducción. Ambiente, estado y sociedad: estudiando las políticas ambientales en Argentina».

[28]  Para más información sobre los conflictos mencionados ver: Merlinsky, «Atravesando el río: la construcción social y política de la cuestión ambiental en Argentina. Dos estudios de caso en torno al conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay y al conflicto por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo»; Alcañiz y Gutiérrez, «From Local Protests to the International Court of Justice: Forging Environmental Foreign Policy in Argentina»; Delamata, «¿La ciudadanía poblana? El movimiento asambleario de Gualeguaychú: la construcción y el reclamo de un derecho colectivo»; Trujillo, «El conflicto por la instalación de Monsanto en los medios: análisis de la cobertura informativa de la radicación de la planta de acondicionamiento de semillas de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas en los diarios La Voz del Interior y La Mañana de Córdoba (junio 2012 – noviembre 2016)».

[29]Azuela, Visionarios y pragmáticos: una aproximación sociológica al derecho ambiental.

[30] La creación de ACUMAR resultó de una demanda cursada ante la Corte Suprema de Justicia de La Nación por parte de actores de un barrio popular y de personal estatal del área de salud. Asimismo, la causa es mejor conocida como (Beatriz) Mendoza, por entonces, trabajadora de la unidad sanitaria del barrio Villa Inflamable. La demanda por las pasteras se cursó en la Corte Internacional de La Haya y resultó en la designación de una activista y abogada como máxima autoridad de la cartera ambiental del país. La instalación de la planta de Monsanto contó con un “acampe” en su rechazo que se mantuvo largo tiempo y con el apoyo de figuras de instituciones públicas del campo científico y de políticos partidarios.

[31]Gutiérrez, «Introducción. Ambiente, estado y sociedad: estudiando las políticas ambientales en Argentina».

[32]Diani, «Modes of Coordination of Collective Action: What Actors in Policy-making?»

[33]Fischer y Hajer, Living with Nature.

[34]Méndez, «La emergencia de nuevos imaginarios socio-ambientales. Críticas y alternativas al especismo institucionalizado»; Soto Fernández, González de Molina, y Garrido Peña, «Fundamentos socioecológicosdel nuevo ecologismo. Nuevos yviejos movimientos ecologistasen Europa ante el desafío de lacrisis civilizatoria».

[35]Christel, Novas, y Pragier, «Minería metalífera e hidrocarburos»; Figueroa, «¿De dónde venimos y a dónde vamos? La Ley de Bosques a 14 de su sanción»; Mohle, «El proceso de transición energética y la descarbonización en Argentina»; Saidón, Cicerone, y Bagnoli, «Avances y pendientes en la gestión integral de residuos con inclusión social en los últimos diez años en la Argentina»; Shammah y Reich, «Aspectos relevantes y desafíos en educación y comunicación ambiental en Argentina»; Stevanato y Azerrat, «Actividad agropecuaria en Argentina: pasado y presente

[36]Gabay, «Apuntes sobre el sistema normativo ambiental argentino».

[37]Gabay.

[38]Shammah y Reich, «Aspectos relevantes y desafíos en educación y comunicación ambiental en Argentina».

[39] Norma que tiene por fin capacitar  personal público en una perspectiva ambiental y que toma su nombre de Yolanda Ortiz, primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en 1973.

[40]Shammah y Reich, «Aspectos relevantes y desafíos en educación y comunicación ambiental en Argentina».

[41]Saidón, Cicerone, y Bagnoli, «Avances y pendientes en la gestión integral de residuos con inclusión social en los últimos diez años en la Argentina».

[42]Moreno, «Cambiando el rumbo: Organizaciones de base contra rellenos sanitarios y sus efectos en las políticas de residuos RMBA (2000 – 2019)»; Montera, «Lógicas y actores en la gestión de los servicios urbanos. Apuntes sobre la estatización de las redes de agua potable y saneamiento en Buenos Aires»; Saidón, Explicar la innovación en políticas públicas: la gestión integral de residuos urbanos en municipios argentinos.

[43]Saidón, Cicerone, y Bagnoli, «Avances y pendientes en la gestión integral de residuos con inclusión social en los últimos diez años en la Argentina».

[44]Saidón, Explicar la innovación en políticas públicas: la gestión integral de residuos urbanos en municipios argentinos.

[45]Christel, Novas, y Pragier, «Minería metalífera e hidrocarburos».

[46]Christel, Novas, y Pragier, «Minería metalífera e hidrocarburos».

[47] Pragier, «Las comunidades de pueblos indígenas frente a la explotación del litio en el norte argentina: contextos similares, respuestas distintas».

[48] Para más información ver: Christel, «Políticas de protección ambiental para el sector minero. Entre las leyes provinciales y la Ley de Glaciares».

[49]Figueroa, «¿Estándares federales alterados? Análisis comparativo de la implementación de la Ley de Bosques en  las provincias argentinas (2007-2015)».

[50]Figueroa, «¿De dónde venimos y a dónde vamos? La Ley de Bosques a 14 de su sanción»; Figueroa, «¿Estándares federales alterados? Análisis comparativo de la implementación de la Ley de Bosques en  las provincias argentinas (2007-2015)».

[51]Stevanato y Azerrat, «Actividad agropecuaria en Argentina: pasado y presente

[52]Stevanato y Azerrat.

[53]ONU, Declaración del Milenio. (Resolución aprobada por la asamblea [sin remisión previa a una comisión principal (A/55/L.2)]); ONU, El derecho humano al agua y el saneamiento (Resolución 64/292 aprobada por la asamblea general); ONU, Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. (Resolución aprobada por la asamblea general el 25 de septiembre de 2015 [sin remisión previa a una comisión principal (A/70/L.1)]).

[54]Paiva, «Medio ambiente urbano: una mirada desde la historia de las ideas científicas y las profesiones de la ciudad. Buenos Aires 1850-1915».

[55]Besana, «Agüita de la miseria. Derecho humano al agua potable y acceso de red en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense (1983-2015)».

[56]Cáceres, «La exigibilidad del derecho humano al agua y el desafío del arsénico en la provincia de Buenos Aires, Argentina».

[57]Besana y Gutiérrez, «Barrios populares: entre la escasez y el derecho humano al agua y saneamiento».

[58]Cáceres, «La exigibilidad del derecho humano al agua y el desafío del arsénico en la provincia de Buenos Aires, Argentina».

[59]Azerrat, «INFORME IPBES 2019: LA TASA DE EXTINCIÓN DE LA NATURALEZA SE ACELERA DE FORMA INÉDITA»; Mohle, «El proceso de transición energética y la descarbonización en Argentina».

[60]Figueroa y Azerrat, «Se votó la ley de presupuestos mínimos en materia de cambio climático: ¿Qué es? ¿Cómo surgió? ¿Qué legisla?»; Méndez, «América Latina: movimiento animalista y luchas contra el especismo».

[61]Aquí tomamos como referencia, no sólo a la sanción de leyes de presupuestos mínimos, sino al conjunto de las normas nacionales consideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como «Normativa ambiental». Para más información ver: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/normativa

[62]Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

[63]Christel y Moreno, «Conclusiones»; Fischer y Hajer, Living with Nature; Hajer, The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process.

[64] Tal es el caso del sector de agua y saneamiento.

[65] La elección del diario La Nación responde a dos razones. La primera, reside en que el diario tendría una línea editorial más conservadora que otros diarios de tirada nacional. Según la literatura, ese tipo de postura tienden a brindar menos atención a temas ambientales que posturas de izquierda o más progresistas, por tal motivo sería menos el riesgo de sobreestimar el fenómeno que se pretende analizar. La segunda razón es más bien práctica. La plataforma del diario La Nación, a diferencia de otras, nos permitió realizar nuestra búsqueda en el tiempo que disponíamos para realizar esta nota.

[66]Besana, «Greta y los tiempos del ambientalismo de masas».

[67]Figueroa y Azerrat, «Se votó la ley de presupuestos mínimos en materia de cambio climático: ¿Qué es? ¿Cómo surgió? ¿Qué legisla?»

[68]Méndez, «América Latina: movimiento animalista y luchas contra el especismo».

[69]Soto Fernández, González de Molina, y Garrido Peña, «Fundamentos socioecológicos del nuevo ecologismo. Nuevos y viejos movimientos ecologistas en Europa ante el desafío de la crisis civilizatoria».

[70] Por identidad e identificación aquí entendemos a los modos en que se perciben los actores y que influyen  en sus formas de actuar y concebir el mundo. Para más información sobre perspectivas afines ver:  Descola, «Más allá de la naturaleza y la cultura»; Pizzorno, «Sobre la racionalidad de la opción de la democracia»; Melucci, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia.

[71] Dicho acento en la ciencia –en singular- va a contramano de muchos de los intentos de actores locales y académicos por mostrar que no existe un único tipo de conocimiento acreditado, que la ciencia no es precisamente neutral, ni está exenta de controversias y que existen saberes locales útiles para la gestión del territorio.

[72] Refiere al rechazo a la explotación y mercantilización de otros seres sensibles por parte del ser humano. Mientras en Occidente sus antecedentes se remontan a la Grecia antigua (Leyton, 2010), en Oriente lo hacen a la cultura sánscrita Méndez, «América Latina: movimiento animalista y luchas contra el especismo»..

[73] A la que denominan especismo institucional.

[74]Crespo, «Desarrollo y ambiente: muchas tácticas sin ninguna estrategia»; Hora, «Salmones en el Riachuelo»; Natanson, «Economía y ambiente: ¿Hay diálogo posible?»

[75]Martín Sanchez, «Respuestas a la crisis climática: negacionismo populista y nacionalismo verde»; Vela Almeida, «Ambientalismo corporativo: entre extractivismo, extrema derecha y crisis ambiental».

[76]Crespo, «Desarrollo y ambiente: muchas tácticas sin ninguna estrategia»; Hora, «Salmones en el Riachuelo»; Natanson, «Economía y ambiente: ¿Hay diálogo posible?»

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