10 años del AAP: minería metalífera e hidrocarburos

Notas temáticas:

Minería metalífera e hidrocarburos*

*Lucas Christel, Deborah Pragier y Mariano Novas

En las últimas décadas, América Latina atravesó un escenario de creciente demanda y aumento del valor de las materias primas que impulsó fuertemente actividades extractivas tales como la minería metalífera, hidrocarburos no convencionales y/o la extracción de litio. Como respuestas a estos avances, ha emergido con fuerza la cuestión ambiental, multiplicándose a lo largo del territorio distintas expresiones de rechazo social así como la construcción y defensa de visiones alternativas de desarrollo.

Hidrocarburos

La teoría del peak oil1pronosticaba que para el año 2010 la producción convencional de petróleo alcanzaría su cénit a nivel mundial y luego comenzaría su lento deceso con su consecuente aumento de precios. Los hechos demuestran que esta hipótesis ha sido correcta en gran parte ya que los yacimientos de alta productividad y bajo costo están declinando en forma sostenida en la mayoría de los países. Sin embargo, no pudo prever el veloz desarrollo científico-tecnológico que permitió extraer en forma rentable hidrocarburos no convencionales (HNC). La técnica de extracción popularmente conocida como fracking o fractura hidráulica, produjo a comienzos de siglo XXI, un cambio sustancial en torno al acceso-demanda de energía a nivel global. Puede decirse entonces que la posibilidad de explotar los HNC a partir del fracking (a pesar de sus mayores costos de inversión, su menor rendimiento energético y su mayor impacto ambiental) provocó una reconfiguración geopolítica que lejos de dar respuestas a los desafíos globales de cambio ambiental global tienden a reforzar y a extender la dependencia de los combustibles fósiles.

Si bien Argentina ha sido a lo largo de la historia un país productor de hidrocarburos con alta capacidad para autoabastecer su demanda interna y exportar excedentes energéticos, a partir de 2010 su balanza comercial energética comenzó a tornarse cada vez más deficitaria dada la abrupta caída en la producción convencional de hidrocarburos. Lejos de revertir y/o diversificar la concentrada matriz energética nacional, que se sostiene en un 86% de hidrocarburos2, los gobiernos (nacionales y provinciales de diferente signo político) decidieron apostar al fracking en diferentes territorios a contramano de los acuerdos internacionales firmados que instan a comenzar una transición energética.

En la actualidad el gas y el petróleo proveniente de los no convencionales representa un 50% y 19% respectivamente. Si bien es un número que ha ido aumentando año tras año, es importante destacar que esto solo ha permitido paliar la estrepitosa caída de los convencionales, es decir que la producción total de hidrocarburos aún no refleja un aumento (EJES 2019).

Pese al fuerte impulso de los gobiernos (nacionales y provinciales) y actores empresarios, el fracking ha encontrado en los territorios fuertes resistencias donde la demanda por el cuidado ambiental y la salud de las personas constituye el principal elemento de protestas. En este sentido asambleas de vecinos, productores agrícolas-ganaderos, pueblos originarios, organizaciones ambientalistas denunciaron una serie de efectos negativos sobre su estilo de vida y el ambiente. Entre 2011 y 2021 estas movilizaciones socio-ambientales se multiplicaron frente a problemáticas como por ejemplo el aumento sistemático de temblores, contaminación de napas subterráneas por la mala disposición de las aguas residuales, derrames e incendios frecuentes, competencia por el uso de tierras fértiles, liberación de gas metano, efectos en la salud de las personas (Roig 2014, Svampa y Viale 2014). Durante la última década, dos provincias dictaminaron leyes de prohibición a la técnica de fracking (Entre Ríos y Santa Fe) y más más de setenta municipios impulsaron ordenanzas de restricción en sus ejidos locales. Al mismo tiempo, en varios casos los actores sociales acudieron a las cortes de justicia provinciales para impedir el uso de esta técnica (Novas 2018).

Minería metalífera

La minería metalífera se ha constituido en una actividad económica relevante en el entramado productivo nacional. Según datos del Ministerio de Hacienda (2019), el empleo privado registrado en minería metalífera de 2018 fue de 10.046 puestos de trabajo y constituye el sexto complejo exportador del país representando el 7,1% de las exportaciones totales con un total de U$S 3.900 millones (CAEM 2019). Fundamentalmente el auge de la minería metalífera se vio impulsada por la combinación de dos factores. Por un lado a la conformación de una legislación nacional estable y previsible impulsada en la década del noventa y, por otro lado, al auge de la demanda y el aumento de precios a partir de comienzos de siglo XXI.

Pero el desarrollo del sector minero no fue homogéneo al interior de las provincias. En algunos casos la actividad minera se instaló como política de estado y se brindaron una serie de estímulos –subnacionales-  que fortalecieron su crecimiento como demuestran ser los casos de Catamarca, San Juan y Santa Cruz. Mientras que en otras provincias el avance del sector fue motivo de nuevas conflictividades territoriales, con intensos periodos de protesta y movilización social que tuvieron como respuesta estatal la prohibición de determinadas sustancias químicas o a la explotación a cielo abierto o la imposibilidad de avanzar con los emprendimientos debido a los intensos niveles de conflictividad social como son los casos de Chubut, Mendoza y Córdoba.

En 2010, el Congreso argentino sancionó Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglaciar que implicó un importante reconocimiento del estado para proteger estos ecosistemas frágiles. Entre otros aspectos, la normativa establece en su artículo 6 la prohibición de actividades mineras e hidrocarburíferas en estos ecosistemas afectando actualmente a más de 44 proyectos mineros, entre los que se encuentran Pascua-Lama y Veladero.

Litio

El litio se ha transformado en los últimos años en un insumo crucial para la fabricación de las baterías de “ion-litio”. Este mineral se ha posicionado como uno de los más relevantes a nivel global dado su uso para dispositivos electrónicos como celulares, autos híbridos, computadoras portátiles y baterías para energías renovables. La minería metalífera en Sudamérica aparece como una alternativa para impulsar el  desarrollo económico de zonas periféricas, favorecer las dinámicas macroeconómicas provinciales y nacionales y, la minería de litio en particular, aportar a los procesos de transición energética hacia modelos de energía renovable (Fornillo 2015).

El actual escenario del litio en Argentina muestra indicadores positivos y una previsión de crecimiento sostenido en los niveles de explotación y exportación. Como muestra de esto, la evolución de las exportaciones del litio se incrementó un 903% entre los años 1998 y 2017, aumentando de 22 a 224 millones de USD, y la expansión máxima estimada de la capacidad instalada para la producción de litio espera un incremento del 420% entre el 2017 y el 2022 (Secretaría de Política Económica 2018).

Actualmente el país cuenta con dos proyectos en operación (Salar del Hombre Muerto en Catamarca y Salar de Olaroz en Jujuy), dos en construcción (Cauchari y Rincón), nueve en etapa de exploración avanzada y veintinueve en prospección (Secretaría de Política Económica 2018). La distribución geográfica de estos proyectos muestra la importancia de los salares de la puna argentina como espacio privilegiado para la explotación de litio en salmuera. Específicamente, las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, en ese orden, poseen la mayor potencialidad de explotación de mineral de litio. No obstante, más allá de las expectativas que genera la explotación del litio (como la empleabilidad, la transición energética y/o modelos ambientales alternativos) también es cierto que en los últimos años el avance de estos emprendimientos ha provocado cuestionamientos por parte de diferentes actores sociales que objetan impactos negativos de esta explotación minera. De esta forma, la otra cara de este llamado “boom” del litio son los efectos que estas políticas tienen en los territorios en donde las empresas pretenden instalarse y la tensión que se produce entre las ideas productivistas ligadas a la explotación y los derechos de las comunidades que habitan estos territorios.


Bibliografía

EJES 2019. Coyuntura hidrocarburífera. Julio 2019. Enlace por la justicia energética y socioambiental.

Pérez Roig, Diego. 2012. “Los hidrocarburos no convencionales en el escenario energético argentino”. Revista Theomai Nº25.

Svampa, Maristella y Enrique Viale 2014. Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo. Buenos Aires: Katz.

Novas, Mariano A. 2018. El peso de las coaliciones de actores en las políticas de recursos naturales: la fractura hidráulica en Entre Ríos, Neuquén y Río Negro (2010-2017). En Construir el ambiente, editado por Ricardo Gutiérrez, 275-338. Buenos Aires: Teseo.

Notas al pie

[1] La Teoría del Peak oil fue desarrollada por el geofísico K. Hubbert en 1956 quien predijo que la producción convencional de petróleo estadounidense alcanzaría su pico máximo a finales de la década del setenta. Esta hipótesis fue refinada por Cambell y  Laherrere en 1996 a nivel mundial pronosticando el fin de los convencionales y del petróleo barato en 2010. Argentina ha alcanzado el peak oil de petróleo convencional en 1998

[2] La matriz energética argentina se conforma en un 52% de gas, un 34% de petróleo (FARN 2018 Documento)

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