Recursos Naturales

Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc: comunidades indígenas se movilizan contra proyectos de litio

Desde febrero de 2019, las Comunidades Indígenas del Territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (localizadas en Jujuy y Salta) se encuentran movilizadas ante el avance de proyectos de minería de litio en sus territorios. Esta movilización fue disparada por la instalación de campamentos mineros sin que mediara una consulta previa. Pero los reclamos de las comunidades indígenas contra los proyectos de litio no son nuevos sino que se remontan hasta una década atrás.

Haciendo un poco de historia

En 2010, las treinta y tres comunidades indígenas que habitan el territorio de la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatoyoc configuraron la “Mesa de Comunidades Originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc para la Defensa y Gestión del Territorio” para rechazar el ingreso de la minería de litio. La Mesa se conformó cuando las comunidades descubrieron el comienzo de trabajos mineros en su territorio (en la provincia de Jujuy) por parte de la empresa South American Salars y Bolera Minera SA, sin que hubiera habido una consulta previa según lo establecido Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Rápidamente, el reclamo se centró en la elaboración de un protocolo para la implementación de la consulta previa libre e informada, que luego debía ser aplicado ante cualquier proyecto en territorios de las comunidades.

En 2011, por tratarse un conflicto inter-jurisdiccional, las comunidades presentaron una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que solicitaron la implementación de la consulta previa libre e informada. La demanda fue aceptada y, un año después, se realizó una auditoría de la Corte Suprema de Justicia. También en 2011 se presentó una demanda ante el Foro Permanente de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. A partir de esto, se logró que el relator de Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, visitara las Salinas Grandes y las incluyera en su informe sobre el país. Estas acciones significaron un freno a los trabajos de la empresa minera hasta tanto las treinta y tres comunidades de Salinas Grandes redactaran y aprobaran un reglamento de consulta previa, libre e informada. En 2016, el protocolo de consulta “Kachi Yupi” fue presentado ante el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. A la fecha, las comunidades, se encuentran a la espera de un decreto provincial que habilite este protocolo de consulta ante cualquier actividad que se pretenda desarrollar en sus territorios.   

Cabe aclarar que en la provincia de Jujuy no existe una reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a pesar de que Argentina reconoció ese convenio mediante la Ley 24071 de 1992.Tampoco está reglamentado el artículo 75 de la Constitución argentina reformada en 1994, que establece “la participación de las comunidades de pueblos originarios en la gestión de sus recursos naturales”. Mientras tanto, la reglamentación provincial por medio de la cual se aprueban los proyectos mineros es el Decreto 5772 de 2010. A partir de este decreto, la aprobación de los informes de impacto ambiental requiere la intervención de una Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP), conformada para cada caso específico. Esa Unidad está conformada por catorce representantes de distintas áreas del gobierno provincial y un delegado de las comunidades indígenas de la zona del proyecto minero. Además, la reglamentación prevé que, en todos los casos, el trámite del Informe de Impacto Ambiental debe contemplar una instancia de participación ciudadana y, en el caso de existir propietarios superficiarios individuales o comunitarios, debe acreditarse la notificación formal y la realización de reuniones informativas participativas efectuadas en forma previa a la presentación del informe. En la práctica, esa instancia de participación ciudadana es meramente informativa y no revista el carácter de una consulta previa libre e informada, según los establecido por el convenio de la OIT y la Constitución Nacional.

El estado de la demanda

El 4 de febrero de 2019, más de 20 comunidades de pueblos indígenas de Salinas Grandes (Jujuy) se declararon en “asamblea permanente” luego de descubrir que empresas mineras estaban instalando un campamento de exploración de litio en el paraje Agua Dulce, donde ya habían realizado una perforación sin el debido proceso de consulta previa libre e informada. Las comunidades entregaron a los encargados del proyecto una nota en la que les solicitaron que levantasen el campamento e iniciaron acciones de visibilización a la vera de la ruta. También le hicieron llegar al gobernador Morales una nota en la que demandaron su intervención y la anulación de las autorizaciones para explorar existentes a la fecha y del concurso publicado por boletín oficial (http://jemse.gob.ar/licitaciones/) en el que se invitó a presentar proyectos para explotación de litio en las Salinas y Laguna de Guayatayoc. Además, le solicitaron que firmase el decreto de aplicación del protocolo de consulta previa (“Kachi Yupi”).

El 8 de febrero, las empresas abandonaron los trabajos en el territorio como resultado de esas acciones. Un comunicado oficial de las comunidades hizo hincapié en la anulación de la licitación de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) que se realizó sin el consentimiento de la comunidad: “Exigimos la anulación del concurso de oferentes de JEMSE (expediente 660-538/2018) para la: Prospección geológica, exploración y factibilidad de los proyectos mineros en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de jama. Y de cualquier otro proyecto de Litio porque las comunidades decidimos en forma definitiva NO a la exploración y extracción de litio en nuestro territorio”.

A partir de la demanda de las comunidades, el director de JEMSE, Carlos Oehler, el secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia, Miguel Soler, y la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquín, se reunieron con las comunidades el día 15 de febrero en la localidad de Saladillo. Allí, ante el pedido de los comuneros, comprometieron la presencia del gobernador Morales para una próxima reunión en el mismo lugar. En ese contexto, las comunidades decidieron levantarlas acciones en la ruta. A pesar del acuerdo alcanzado, el gobierno provincial decidió cambiar la fecha de la reunión y convocar a la misma en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Mientras tanto, en los medios locales el gobierno ratificó su interés en explotar el litio en las Salinas Grandes, manifestando la voluntad de que la reunión se realizase con la asistencia de representantes de las comunidades en San Salvador de Jujuy. La asamblea comunitaria rechazó esa convocatoria y retomó las movilizaciones (“corte informativo”) en el cruce de las rutas 52 y 79. El gobierno provincial acusó públicamente a las comunidades de “no asistir al diálogo” y convocó a otra reunión, también en San Salvador de Jujuy. Para las comunidades, asistir a una reunión en la capital provincial no constituye una solución legítima dado que toman sus decisiones a través de asambleas en las que participan todos sus miembros, razón por la cual no contemplan la intermediación de representantes.

Si bien el corte de ruta informativo se levantó el 21 de febrero y al momento no hay empresas trabajando en el territorio, el conflicto sigue en pie. Por un lado, las comunidades continúan movilizadas y en estado de alerta y siguen reclamando que se produzca un diálogo con el gobierno en su territorio. Por otro lado, el gobierno insiste en los proyectos de litio como eje de desarrollo de la provincia. De hecho, en marzo se realizó la Mesa de Competitividad del Litio, encuentro que reunió a funcionarios de Jujuy, Salta y Catamarca y al que asistió el presidente de la Nación, Mauricio Macri, invitado a participar junto al gobernador Gerardo Morales. El8 de marzo, asimismo, se abrieron los pliegos de la licitación antes citada (http://jemse.gob.ar/licitacion-660-538-2018/). En la página de JEMSE se deja constancia del acto de apertura, informando quela empresa INTEGRA RECURSOS NATURALES S.A. fue la única que cumplió con los plazos estipulados y que, por tanto, la comisión de apertura y adjudicación inició el proceso de evaluación de la oferta presentada (http://jemse.gob.ar/concurso-en-jemse-apertura-de-sobres/).

En síntesis, los primeros meses de 2019 visibilizaron una tensión entre Estado, empresas y comunidades en Salinas Grandes, la que había permanecido latente desde el 2012. El eje central del conflicto, nuevamente, está en el reclamo de las comunidades de pueblos indígenas para ejercer su autonomía para tomar decisiones sobre el territorio que ancestralmente ocupan.

Equipo GAP, abril de 2019

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