Polémica en la Ciudad de Buenos Aires por Cambios en la Ley “Basura Cero”

Modifican los objetivos de reducción y habilitan nuevas condiciones para termovalorizar residuos en la “Reina del Plata”

La ley N° 1854/2005 – más conocida como “Ley Basura Cero” -, planteó por primera vez y de forma sistemática metas y plazos de reducción y recuperación de residuos para el plano subnacional. La norma, impulsada principalmente por organizaciones ambientalistas, recuperadores urbanos y legisladores vinculados al progresismo porteño, señalaba que la Ciudad de Buenos Aires debía reducir la cantidad de residuos dispuestos en rellenos sanitarios en un 30% para el año 2010, un 50% para el año 2012 y un 75% para el año 2017 (tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2004), quedando prohibido el enterramiento de materiales tanto reciclables como aprovechables de sus residuos para el año 2020. Conjuntamente, estableció un sistema mixto de recolección de residuos ratificando que la recuperación de los materiales secos factibles de ser reciclados correspondía a los recuperadores urbanos y sus cooperativas, ya reconocidos en la Ley N° 992/2002. Además, resaltó la obligación de las autoridades porteñas de informar sobre las acciones llevadas adelante en materia de residuos así como también la conformación de una Comisión de Monitoreo de esta política pública (la “Comisión Basura Cero”).

La Implementación de la “vieja” Ley Basura Cero

En línea con los objetivos planteados por la Ley Basura Cero, los gobiernos porteños de los últimos años desarrollaron distintos programas de recolección diferenciada y separación en origen de pequeños y grandes generadores, campañas de concientización en relación a la problemática de los residuos, creación y acondicionamiento de Centros Verdes en donde trabajan los recuperadores urbanos y, a partir del año 2012, con el partido PRO al mando del ejecutivo, la Ciudad apostó fuertemente a la construcción y puesta en marcha de plantas de tratamiento final con el objetivo de procesar residuos áridos, forestales, PETs y orgánicos, y la famosa planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) ubicada en el predio Norte III de CEAMSE.

No obstante, más allá de estas innovaciones, la disposición final de residuos en la Ciudad de Buenos Aires no se redujo en los porcentajes estipulados por la ley. Si bien con la operación de plantas de tratamiento, la Ciudad pasó de enterrar en CEAMSE 2.131.078 toneladas de residuos en el año 2012 a enterrar 1.101.202,7 toneladas en 2017 – casi un 50% menos que en 2012 -, las metas y plazos de reducción de la Ley Basura Cero no fueron alcanzados. Asimismo, la operatoria del circuito de recuperación de los residuos secos es centro de numerosas críticas, ya que tanto organizaciones sociales, ambientalistas y de recuperadores urbanos, así como también numerosos legisladores, denuncian constantemente falta de inversión y presupuesto para que las cooperativas “cartoneras” puedan llevar adelante su tarea de manera apropiada. Esto, sumado a las contrataciones precarias del servicio de las cooperativas si se las compara con las contrataciones del servicio de las empresas privadas de higiene urbana, condiciona la manera en que se incluye socialmente a los recuperadores y limita fuertemente el abordaje integral de la fracción seca de los residuos que termina siendo enterrada en el relleno sanitario de Norte III en mayores proporciones que las debidas.

Sin dudas, las críticas de las organizaciones ambientalistas, sociales y de recuperadores urbanos y las metas establecidas por las normas porteñas de gestión integral de residuos ejercen presión sobre el ejecutivo porteño en materia de política de residuos y, a ello, se suma otro factor. Los rellenos sanitarios donde la Ciudad ha enterrado por años y sigue enterrando sus residuos están ubicados en territorio provincial – lo que le ha costado varios conflictos con el gobierno bonaerense cuando éste estaba en manos del peronismo – y están llegando a su capacidad límite según declaraciones de la propia empresa pública que los opera, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

Cambiando las Reglas de Juego

En esta encrucijada donde la Ciudad debe tomar medidas para reducir la cantidad de residuos que entierra en los rellenos de CEAMSE, la apuesta reciente del gobierno porteño no fue la inversión o perfeccionamiento en los dispositivos que ya están en marcha, sino un proyecto de ley para la modificación de metas y plazos de la Ley Basura Cero. Así, el proyecto oficialista sancionado como ley el día 03 de mayo de 2018 por los legisladores porteños estableció como nuevas metas la reducción en la disposición final de residuos de un 50% para el año 2021, un 65% para el año 2025 y un 80% para el año 2030 (tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2012), quedando prohibido el enterramiento de residuos reciclables o aprovechables para el año 2028. Además, las modificaciones votadas también cambiaron las condiciones para la combustión de residuos. Si bien la Ley Basura Cero sancionada en el año 2005 no prohibía la combustión de residuos como forma de tratamiento final de residuos, restringía su uso hasta tanto no se lograra efectivamente la reducción de un 75% de la disposición final de residuos de la Ciudad. Las modificaciones incorporadas en mayo al texto de la Ley Basura Cero quitan dicha restricción y posibilitan la combustión de residuos sin ningún tipo de condicionamientos vinculados a metas de reducción, habilitando directamente la implementación de tecnologías de termovalorización (recuperación de energía a través de combustión de los residuos) como las que el gobierno porteño está proyectando para la Ciudad.

Críticas a la Termovalorización

Vale aclarar que este tipo de tratamiento final de residuos promocionado desde hace unos meses por el ejecutivo porteño, la termovalorización – muchas veces confundida con la simple incineración en la que no hay recuperación energética-, es duramente cuestionada por distintos sectores ambientalistas, sociales y políticos. Las críticas ambientalistas, señaladas principalmente por actores con expertis técnica como, por ejemplo, Greenpeace o GAIA, alertan sobre los riesgos para las poblaciones cercanas a las plantas termovalorizadoras por la toxicidad de las partículas que emana de este tipo de procesos. Asimismo, diferentes organizaciones sociales, políticas y de recuperadores urbanos cuestionan que se priorice este tipo de iniciativas que tienen un alto costo económico para la Ciudad, en lugar de invertir en acondicionamiento de los centros verdes, logística de las cooperativas en función de una mayor recuperación y profundizar los programas de gestión integral que ya están en marcha en el ámbito porteño.

A pesar de las múltiples críticas al proyecto de ley impulsado por el ejecutivo local, las modificaciones a la Ley Basura Cero fueron finalmente votadas por los legisladores oficialistas y sus aliados en el marco de una sesión que puede catalogarse, al menos, de polémica. El proyecto que debió ser debatido meses atrás en el marco de la Comisión Basura Cero no se llegó a discutir por suspensión de la reunión en donde iba a ser tratado. Además, una vez en el recinto parlamentario, legisladores oficialistas incorporaron y votaron modificaciones a su propuesta haciendo caso omiso a los pedidos de legisladores opositores de más días para poder analizar las mismas antes de ser sometidas a votación.

Así, se sigue consolidando la incorporación de tecnologías y plantas de tratamiento final como la apuesta central de la política de residuos de la Ciudad, en desmedro de otras alternativas y del trabajo de las cooperativas de recuperadores. Conjuntamente con esta tendencia, se consolida un rol protagónico en esta política a un poderoso – y no tan nuevo – actor, como lo son las empresas de ingeniería ambiental que construyen y operan este tipo de tecnologías. Entre estas empresas comienza a resaltar la antigua gestora de rellenos sanitarios de la región metropolitana: CEAMSE, quien ya inauguró una de estas plantas en su complejo ambiental de Punta Lara, en el partido bonaerense de Ensenada, y contempla seguir esta línea en el resto de sus predios. Si la resistencia social a la termovalorización de residuos se profundiza también en los municipios bonaerenses donde se asientan los predios de CEAMSE, la polémica por el manejo de los residuos de la Región Metropolitana de Buenos Aires seguramente continuará siendo noticia.

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